Decreto n.º 241/2026, de 5 de noviembre, por el que se establecen servicios mínimos a realizar por los trabajadores convocados a huelga general el día 11 de noviembre de 2026 durante toda la jornada en empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Consejo de Gobierno

La Constitución Española establece en su artículo 28.2 que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores, si bien este derecho está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su relación con otras libertadas o derechos constitucionalmente protegidos, por lo que el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Convocada una huelga general para el miércoles 11 de noviembre de 2026, iniciándose “a las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día. No obstante, en aquellos centros de trabajo que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 0:00 horas del día 11, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas del día 11. Asimismo, en aquellos centros de trabajo que tengan un único turno pero este empiece antes de las 0:00 horas del día 11, el paro se iniciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma.

Durante la jornada del día 10 de noviembre cesarán en su actividad laboral las personas cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos inmediatos el día 11.”

Es imprescindible conjugar los intereses generales de la comunidad con los derechos de los trabajadores, adoptando las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en las debidas condiciones de seguridad y permitiendo, a la vez, que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga.

El artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, establece que la “autoridad gubernativa” tiene la competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El Tribunal Constitucional ha interpretado en numerosas sentencias que la referencia a la “autoridad gubernativa” se debe entender realizada al Gobierno o a aquellos órganos del Estado que ejerzan potestades de gobierno (STC 11/1981, de 8 de abril, STC 26/1981, de 17 de julio, y STC 51/1986, de 24 de abril). Igualmente entiende que a quien corresponde determinar el servicio mínimo, es aquella autoridad gubernativa estatal o autonómica, que tiene la competencia y la responsabilidad política del servicio en cuestión (STC 233/1997, de 18 de diciembre).

Mediante el Real Decreto 375/1995, de 10 de marzo, la Administración del Estado traspasó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funciones y servicios en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), y su Anexo B).c).2 especifica que en materia de huelgas la Comunidad Autónoma conocerá de las declaraciones de huelga.

El Decreto n.º 35/2012, de 9 de marzo, establece la competencia para declarar servicios mínimos a realizar por trabajadores convocados a huelga, contratados por empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad en el ámbito territorial de la Región de Murcia y en servicios sobre los cuales la Comunidad Autónoma tenga competencia.

Si se trata de una huelga general, los servicios mínimos serán fijados mediante Decreto del Consejo de Gobierno, y en el caso de que la huelga sea de empresa o sectorial, el Consejo de Gobierno delega en el titular de la consejería competente en materia de trabajo la competencia para establecer mediante orden los servicios mínimos.

El artículo 6 del Decreto del Presidente n.º 5/2026, de 29 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional, establece que es la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social la encargada de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de trabajo.

Procede señalar que el derecho a la vida y a la integridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución exige garantizar determinados servicios esenciales cuando su interrupción pudiera generar riesgos para las personas.

Sobre los servicios mínimos a realizar por los trabajadores convocados a la huelga, han sido consultadas todas las consejerías, organismos públicos y entes de la Administración Pública regional, habiendo realizado las oportunas propuestas para dar cobertura a las necesidades asistenciales de la población, garantizando la continuidad en el servicio, previos informes técnicos preceptivos sobre su conveniencia, proporcionalidad y necesidad.

Los servicios mínimos establecidos han sido determinados procurando compatibilizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga con la salvaguarda de los derechos e intereses constitucionalmente protegidos de la ciudadanía

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, y en aplicación de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de noviembre de 2026,

Dispongo

Artículo 1. Servicios mínimos.

Durante la huelga convocada el día 11 de noviembre de 2026 durante toda la jornada, las situaciones de huelga que afecten al personal que realice trabajos en empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito de la Región de Murcia, deberán asegurar el mantenimiento de la prestación de los servicios mínimos que se determinan en el Anexo que se acompaña al presente Decreto.

Artículo 2. Prestación del servicio.

A los efectos de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo (BOE n.º 58, de 09.03.1977), se establecen en el Anexo del presente decreto las medidas necesarias que garanticen la prestación del servicio considerado esencial que tiene encomendadas las empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida o inaplazable necesidad en el ámbito territorial de la Región de Murcia, y el personal que se considera estrictamente necesario para ello, teniendo en cuenta la necesaria coordinación con las tareas derivadas del cumplimiento del artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977.

Artículo 3. Trabajadores en servicios mínimos.

Los representantes de las empresas, entidades o instituciones afectadas que presten los servicios esenciales designarán, con arreglo a criterios objetivos y rotatorios, siempre que sea posible, a los trabajadores que deben realizar los servicios mínimos, y se lo comunicarán.

Los trabajadores que se nieguen a realizar los servicios mínimos podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria de acuerdo con la legislación laboral aplicable.

Artículo 4. Paros ilegales.

Los paros y alteraciones de trabajo del personal que se designe para realizar los servicios mínimos, de conformidad con lo establecido en los artículos anteriores, serán considerados ilegales en los términos del artículo 16 del Real Decreto-Ley 17/1977, pudiendo ser objeto de las correspondientes sanciones.

Artículo 5. Derecho de huelga.

Lo dispuesto en el presente decreto no supondrá limitación alguna de los derechos reconocidos al personal por la normativa reguladora del derecho de huelga.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En lo no previsto expresamente en este Decreto, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Dado en Murcia, a 5 de noviembre de 2026. El Presidente, Fernando López Miras. El Consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín González.