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8217 Aprobada definitivamente la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación, Inspección y Garantías de
los Contribuyentes Locales.
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Don Vicente Maeso Carbonell, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla.
Hago saber: Que habiendo transcurrido el plazo de
exposición pública de la aprobación provisional de la
Ordenanza General de Recaudación, Inspección y Garantías
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de los Contribuyentes Locales sin que se hayan presentado
reclamaciones a la misma, queda aprobada definitivamente
por aplicación del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, por
lo que, a los efectos de su entrada en vigor, a continuación se
inserta el texto íntegro de la referida Ordenanza.
ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN,
INSPECCIÓN Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES
LOCALES
TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo
106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el Excmo. Ayuntamiento
de Yecla regula en esta Ordenanza las normas comunes a
aplicar en relación con los ingresos de derecho público cuya
gestión tenga encomendada esta Entidad Local.
Artículo 2.- El contenido de las presentes normas se
considera parte integrante de las correspondientes
Ordenanzas reguladoras de cada exacción, siendo igualmente
de aplicación las disposiciones contenidas en la normativa
Estatal general reguladora del sistema tributario.
Artículo 3.- La ordenación de las exacciones locales se
basará en los principios constitucionales de capacidad
económica, justicia, igualdad, progresividad y no
confiscatoriedad.
Las competencias del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en
materia tributaria se ejercerán con autonomía y respeto al
principio de reserva Ley.
La aplicación del sistema tributario se basará en los
principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y
limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de
obligaciones formales.
Las referencias que en la presente Ordenanza se hagan
a los elementos integrantes del tributo (sujeto pasivo, deuda
tributaria, cuota tributaria, etc.) se extenderán a los precios
públicos y otros ingresos municipales de derecho público, en
cuanto sean compatibles con la naturaleza de éstos.
TÍTULO II
EL SUJETO PASIVO
Artículo 4. - Se regirán por las normas estatales vigentes
en cada momento con carácter general todo lo relativo a la
definición del sujeto pasivo y otros responsables solidarios y
subsidiarios, la capacidad de obrar en el orden tributario y la
representación.
Artículo 5- Domicilio Fiscal.
1.- Los obligados tributarios en aplicación de la
Ordenanzas Locales deberán comunicar a la Administración
Municipal su domicilio tributario. La falta de comunicación de
cualquier cambio en el domicilio será considerada como
infracción tributaria sancionable de acuerdo con las Leyes y la
presente Ordenanza.
2.- La Administración Municipal considerará como
domicilio tributario de las personas físicas residentes en Yecla
el que conste en el Padrón Municipal de Habitantes.
3.- En relación con los obligados tributarios cuyo
domicilio fiscal esté situado fuera de este Municipio, les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
4.- Salvo que legalmente se prevea otro distinto, el
domicilio de las personas jurídicas será el de su domicilio
social.
5.- El contribuyente puede designar otro domicilio propio
o representante.
6.- En todo caso, los sujetos pasivos de los tributos
municipales están obligados a declarar las variaciones en su
domicilio.
7.- Cuando el Ayuntamiento conozca que el domicilio
declarado por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria
Estatal es diferente del que obra en su base de datos, podrá
rectificar este último, incorporándolo como dirección a la que
remitir todas las notificaciones derivadas de la gestión
tributaria.
TÍTULO lII
LA DEUDA TRIBUTARIA Y OTRAS DE DERECHO PÚBLICO
Artículo 6. - Concepto y elementos.
1.- Constituyen la deuda tributaria y otras de derecho
público la suma de dinero a satisfacer a la Administración
Municipal como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y otras de derecho público
2.- Estarán integradas por las cuotas tributarias, pagos a
cuenta o fraccionados y cantidades objetos de retención.
También integrarán la deuda tributaria, en su caso:
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o
las cuotas, ya sean a favor del Municipio o de otros entes
públicos.
b) Los recargos previstos en el artículo 61.3 de la Ley
General Tributaria.
c) El interés de demora, determinado de acuerdo con la
legislación Tributaria general.
d) El recargo de apremio.
e) Las sanciones pecuniarias de carácter fiscal.
Artículo 7. - La cuota Tributaria y otras de derecho
público.
1.- La cuota se determinará de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza de cada Tributo, Precio Público o
Ingreso de Derecho Público de que se trate, en función del tipo
de gravamen aplicable, como cantidad fija según tarifas, o bien
conjuntamente por ambos procedimientos.
2.- Las tarifas podrán dividirse en epígrafes, conceptos
clases y subclases.
3.- La determinación de cuotas o parámetros vinculados
a categorías viales se realizarán tomando como base los
índices fiscales de calles contenidos en las correspondientes
Ordenanzas. Con carácter supletorio será de aplicación un
índice fiscal unificado que se unirá como anexo a la presente
Ordenanza. Cuando alguna calle no se encuentre contenida en
el correspondiente índice le serán aplicables los coeficientes o
valores de la última categoría.
4.- Cuando las cuotas de tributos locales deban
determinarse en función de otras de tributos del Estado, éstas
se computarán por las cantidades que el sujeto pasivo tendría
que satisfacer una vez aplicadas las bonificaciones que
procedan, salvo que la Ley o la Ordenanza reguladoras del
tributo establezcan lo contrario.
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5.- Atendiendo a un principio de eficiencia, y en virtud del
coste de exacción y recaudación, no se liquidaran cuotas ni se
gestionarán deudas Tributarias de menos de 500 pesetas que
requieran notificación individual expresa.
Artículo 8. - Extinción de la Deuda Tributaria y otras
de derecho público.
La deuda Tributaria y demás de derecho público se
extinguen:
a) Por el pago, en la forma que se determine en
Ordenanza.
b) Por la compensación con créditos vencidos y exigibles
a favor del obligado al pago, previa solicitud por éste y
reconocimiento por la Alcaldía.
c) Por prescripción, en los términos previstos en la
legislación tributaria del Estado.
Artículo 9. - Aplazamientos y fraccionamientos.
1.- A petición de los deudores podrá tramitarse el
aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas de derecho
público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del
Reglamento General de Recaudación, y disposiciones
concordantes.
2. - La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento
deberá contener los siguientes datos:
a) Identificación personal y fiscal completa del solicitante
y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita con indicación de
su referencia, concepto, importe, fecha de finalización del
plazo de ingreso.
c) Propuesta de plazo y fraccionamiento que solicita.
d) Garantía que ofrece.
e) Documento que acredite la representación.
f) Modelo de autoliquidación Tributaria debidamente
cumplimentado, si fuera exigible.
3. - La tramitación de la solicitud se realizará por los
Servicios de Gestión Tributaria que la elevará su resolución a
la Comisión de Gobierno, previo informe de la Intervención.
4.- Los criterios generales de concesión de aplazamiento
son:
a) Las deudas de importe inferior a 250.000 pesetas
podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de
seis meses.
b) Las deudas de importe comprendido entre 250.000 y
1.000.000 de pesetas podrán aplazarse o fraccionarse por un
periodo de hasta un año.
c) Las deudas que excedan de 1.000.000 de pesetas
podrán aplazarse o fraccionarse hasta dieciocho meses.
No obstante, en supuestos especiales discrecionalmente
apreciados por la Comisión de Gobierno, y a petición del
interesado, se podrá conceder ampliación de los plazos
señalados.
5.- Como regla general el solicitante deberá ofrecer
garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito,
admitiéndose el aval solidario de dos fiadores para deudas
inferiores a 100.000 pesetas.
6.- Podrán concederse aplazamientos sin garantía,
cuando se soliciten en periodo voluntario y sean de deudas
inferiores a 50.000 pesetas.
7.- En todo caso la garantía deberá cubrir el importe total de
la deuda Tributaria, los intereses de demora y un 25% adicional.
8.- Resuelta la solicitud de aplazamiento y/o
fraccionamiento, el deudor deberá aportar la correspondiente
garantía en el plazo máximo de 30 días desde la notificación
de la resolución. Transcurrido dicho plazo, proseguirá el
procedimiento de recaudación.
Artículo 10.- Concesión de beneficios fiscales.
1.- La concesión o denegación de exenciones,
reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa
específica de cada tributo. En todo caso, la solicitud habrá de
ser informada por la Intervención Municipal que contendrá la
propuesta de resolución que elevará a la Comisión de
Gobierno para la adopción del correspondiente acuerdo.
2.- Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión
de beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los
mismos deberán ser solicitados por los interesados mediante
escrito dirigido al Alcalde, acompañando la documentación en
que el solicitante funde su derecho y la que legalmente sea
exigida para su concesión.
3.- Con carácter general, la concesión de beneficios
fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus efectos
comenzarán a operar en el mismo ejercicio en que se
produzca la solicitud.
4.- La Intervención Municipal establecerá el
procedimiento para verificar que se cumple la caducidad de
beneficios fiscales concedidos llegado su término de disfrute,
entendiéndose notificada dicha caducidad al interesado con la
notificación de la liquidación siguiente.
Artículo 11.- Devolución ingresos indebidos y
reembolsos.
1.- Con carácter general, el procedimiento se iniciará a
instancia del interesado, quien deberá fundamentar su derecho
y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda.
La solicitud se formulará por escrito que se presentará en
el Registro General del Ayuntamiento, o a través de los medios
alternativos previstos legalmente.
2.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá
acordarse de oficio la devolución en los supuestos siguientes:
a) Cuando después de haberse satisfecho la deuda
dimanante de una liquidación Tributaria, la misma sea anulada
como consecuencia de la estimación de cualquier recurso
administrativo interpuesto contra dicha liquidación.
b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de
pago.
3.- El Ayuntamiento reembolsará, previa acreditación de
su importe, el coste de las garantías aportadas para la
suspensión de la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto
ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución
administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.
4.- El expediente administrativo de devolución de
ingresos indebidos y reembolsos se tramitará por los Servicios
de Gestión Tributaria que elevará la correspondiente
propuesta.
Cuando el derecho a la devolución nace como
consecuencia de la resolución de un recurso o de la anulación
o revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el
reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo
órgano que ha aprobado el acto administrativo que lo origina.
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TÍTULO IV
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 12.
La gestión de las exacciones comprende todas las
actuaciones necesarias para la determinación de la deuda
tributaria y su recaudación.
Artículo 13.
La gestión de las exacciones se iniciará:
1.- Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.
2.- De oficio.
3.- Por actuación investigadora.
Artículo 14.
Se considerará declaración tributaria todo documento por
el que se manifieste o reconozca que se han dado o producido
las circunstancias o elementos de un hecho imponible. Se
entenderá también como tal declaración la simple presentación
del documento en que se contenga o constituya un hecho
imponible.
Artículo 15.
Los Servicios de gestión Tributaria investigarán los
hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás
circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible y
comprobará la elaboración de las bases de gravamen.
Artículo 16.- Elaboración y aprobación de padrones
fiscales.
1.- La elaboración del padrón fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades
Económicas se elaborarán en base al padrón catastral
formado por la Gerencia Territorial del Catastro y la matrícula
de contribuyentes formada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, respectivamente.
A efectos de determinar las cuotas Tributarias que deben
figurar en los padrones, se aplicarán los tipos impositivos
aprobados por el Ayuntamiento y, en su caso, los coeficientes
de actualización de valores catastrales aprobados por Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en el caso del I.B.I., y
coeficiente de incremento e índices de situación, en el caso del
I.A.E. No será preciso proceder a la notificación individualizada
de tales modificaciones ya que las mismas proceden de la
respectiva Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y
de una Ley Estatal de general y directa aplicación.
2.- El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica se formará en base al padrón del año
anterior, incorporando las altas y los efectos de otras
modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas)
formalizadas en el ejercicio inmediatamente anterior.
Para obtener la deuda tributaria que constará en el
padrón, sobre las tarifas que figuran en el artículo 96 de la Ley
39/88 se aplicarán los coeficientes de incremento aprobado
por el Ayuntamiento.
No será preciso proceder a la notificación individualizada
de las modificaciones originadas por variación del coeficiente
de incremento o del cuadro de tarifas, ya que las mismas
proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentaria mente
tramitada y de una Ley Estatal de general y directa aplicación.
3.- Los padrones de las tasas se elaborarán en base al
padrón del ejercicio anterior, incorporando las modificaciones
derivadas de la variación de tarifas aprobadas por el
Ayuntamiento, así como las altas y bajas formalizadas en el
ejercicio inmediatamente anterior.
Las variaciones en la cuota tributaria, originadas por
modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente, no precisarán de notificación individualizada, en
cuanto dicha Ordenanza haya sido expuesta al público y
tramitada reglamentariamente.
Una vez elaborado el padrón, todas las altas, bajas y
modificaciones distintas de las anteriores, deberán ser
aprobadas en virtud de acto administrativo reclamable y
notificado en forma legal a los sujetos pasivos.
4.- Los padrones se elaborarán por el Departamento de
Informática, correspondiendo a los Servicios de gestión
Tributaria la verificación de los mismos y a la Intervención de
Fondos su fiscalización y toma de razón.
5.- La aprobación de los padrones es competencia de la
Comisión de Gobierno.
6.- La contabilización del reconocimiento de derechos
tendrá lugar una vez haya recaído el acuerdo referido en el
apartado anterior.
Artículo 17.- Liquidaciones por altas.
1.- En relación a los tributos de cobro periódico se
practicará liquidación de ingreso directo en estos casos:
a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o
actos que pueden originar la obligación de contribuir.
b) Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez la
existencia del hecho imponible, no obstante haberse
devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder.
c) Cuando se han producido modificaciones en los
elementos esenciales del tributo, distintas de las aprobadas
con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de la variación de tipos impositivos o tarifas
aprobadas por el Ayuntamiento en forma reglamentaria a
través de la modificación de la correspondiente Ordenanza
Fiscal.
2.- La aprobación de las liquidaciones a que se refiere
este artículo compete al Alcalde, y serán notificadas conforme
a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley General Tributaria.
3.- Una vez notificada el alta en el correspondiente
padrón, se notificarán colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos.
Artículo 18.
En relación a los tributos de vencimiento no periódico, en
los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales y mediante
aplicación de los respectivos tipos impositivos, se practicarán
liquidaciones de ingreso directo cuando, no habiéndose
establecido la autoliquidación, el Ayuntamiento conoce la
existencia de hecho imponible de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
c) Contribuciones Especiales.
d) Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de
utilización privativa, aprovechamiento especial o prestación de
servicios.
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La aprobación de estas liquidaciones compete al Alcalde,
y serán notificadas conforme a lo previsto por el artículo 105 de
la Ley General Tributaria.
TÍTULO V
RECAUDACIÓN
Capítulo 1.- Normas Comunes
Artículo 19.- Disposición General.
1.-Constituye la recaudación municipal el conjunto de
actividades administrativas tendentes a hacer efectiva para la
Hacienda Municipal los derechos de contenido económico y
naturaleza pública que se reconozcan a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla.
2.- La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y
demás de derecho público municipales se realizará
directamente por el propio Ayuntamiento a través del Servicio
de Recaudación Municipal cuya Jefatura ostenta el Tesorero
Municipal, con la fiscalización de servicios por parte del
Interventor Municipal.
3.- La recaudación de los tributos y otros derechos de
carácter público podrá realizarse:
a) En periodo voluntario.
b) En periodo ejecutivo.
Artículo 20.- Colaboración de entidades de crédito en
la recaudación.
1.- El Ayuntamiento de Yecla podrá concertar mediante
procedimiento público, la prestación del Servicio de Caja para
la recaudación de ingresos locales mediante la instalación en
las dependencias municipales de una oficina de una entidad
de depósito. En este caso se determinará en las
correspondientes bases del concurso las modalidades de
ingreso a realizar de forma exclusiva en la entidad que preste
el Servicio de Caja. En relación con la misma podrán asignarse
a dicha entidad funciones complementarias de colaboración en
la recepción y proceso de la información procedente de otras
entidades colaboradoras.
2.- Igualmente podrá concertarse la colaboración en la
gestión recaudatoria municipal con entidades de depósito que
tengan oficina abierta en el término municipal, en los términos
que se establezcan por el Ayuntamiento Pleno en la bases
para su convocatoria pública.
Artículo 21.- Obligados al pago.
1.- En primer lugar, están obligados al pago como
deudores principales:
a) los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes
o sustitutos.
b) los infractores, por las sanciones pecuniarias que le
hayan sido impuestas.
2.- Si los deudores principales, referidos en el apartado
anterior, no pagan la deuda, estarán obligados al pago:
a) Los responsables solidarios.
b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de
fallidos de los deudores principales.
3.- La concurrencia de dos o más titulares en el hecho
imponible determinará que queden solidariamente obligados
frente a la Hacienda Municipal, salvo que la Ley propia de cada
tributo dispusiere lo contrario.
4.- Cuando sean dos o más los responsables solidarios o
subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse
íntegramente a cualquiera de ellos
5.- Los sucesores «mortis causa» de los obligados al
pago de las deudas enumeradas en los puntos anteriores, se
subrogarán en la posición del obligado al pago a quien
sucedan, respondiendo de las obligaciones pendientes de sus
causantes con las limitaciones que resulten de la legislación
civil para la adquisición de la herencia. No obstante, a la
muerte del sujeto infractor no se transmiten las sanciones
impuestas al mismo a sus herederos o legatarios.
Artículo 22.- Responsables solidarios.
1.- En los supuestos de responsabilidad solidaria
previstos por las leyes, cuando haya transcurrido el periodo
voluntario de pago sin que el deudor principal haya satisfecho
la deuda, sin perjuicio de su responsabilidad, se podrá
reclamar de los responsables solidarios el pago de la misma.
2.- La responsabilidad solidaria alcanza a todos los
componentes de la deuda tributaria, con excepción de las
sanciones pecuniarias.
Artículo 23.- Procedimiento para exigir la
responsabilidad solidaria.
1.- Transcurrido el periodo voluntario de pago, el
Recaudador preparará el expediente, en base al cual, el
Tesorero propondrá al Alcalde que dicte el acto de derivación
de responsabilidad solidaria.
2.- Desde el Servicio de Recaudación se notificará al
responsable el inicio del periodo de audiencia, por plazo de diez días,
previo a la derivación de responsabilidad, en el cual los interesados
podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.
Vistas las alegaciones en su caso presentadas y, si no ha
sido satisfecha la deuda, se dictará acto de derivación de
responsabilidad, determinando el alcance de la misma. Dicho
acto será notificado al responsable, con el siguiente contenido:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Texto íntegro del acuerdo de declaración de
responsabilidad.
c) Medios de impugnación que pueden ser ejercidos por
los responsables contra la liquidación o la extensión de la
responsabilidad, con indicación de plazos y órganos ante los
que habrán de interponerse.
d) Lugar, plazo y forma en que deba satisfacerse el
principal de la deuda.
e) Advertencia de que, transcurrido el periodo voluntario
que se concede, si el responsable no efectúa el ingreso, la
responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo.
Artículo 24.- Responsables subsidiarios.
1.- En los supuestos previstos por las leyes, los
responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los
deudores principales y responsables solidarios hayan sido
declarados fallidos y se haya dictado acto administrativo de
derivación de responsabilidad.
2.- La responsabilidad subsidiaria, salvo precepto legal
en contra, se extiende a la deuda tributaria inicialmente
liquidada y notificada al deudor principal en periodo voluntario.
3.- Con carácter previo a la derivación de
responsabilidad, se dará audiencia al interesado en la forma
establecida en el artículo anterior.
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4.- El acto administrativo de derivación será dictado por el
Alcalde y notificado en la forma establecida en el artículo
anterior.
Artículo 25.- Sucesores en las deudas tributarias.
1.- Disuelta y liquidada una Sociedad se exigirá, a sus
socios o partícipes en el capital, el pago de las deudas
pendientes hasta el límite del valor d la cuota de liquidación
que se les hubiere adjudicado.
2.- Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, la
gestión recaudatoria continuará con sus herederos a quienes
se requerirá el pago de la deuda una vez conste el
fallecimiento.
3.- En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no
existieran herederos conocidos o cuando los que lo fueran
hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado, se
pondrá el hecho en conocimiento del Tesorero, por si
procediera dictar acto de derivación de responsabilidad.
Artículo 26.- Medios de Pago a través de entidades de
depósito.
Cuando el Ayuntamiento de Yecla concierte con
entidades de depósito el Servicio de Caja o la colaboración en
la gestión recaudatoria, serán admisibles los siguientes
medios de pago:
1.- En la entidad designada como titular del Servicio de
Caja:
-Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Yecla,
cruzado y conformado o certificado por la entidad librada en
fecha, cuantía y forma.
-Transferencia cuando así se determine para supuestos
específicos.
-Tarjeta de crédito y débito de las que resulten admisibles
por la Entidad de Depósito. Hasta el límite asignado por la
entidad emisora a cada Tarjeta y, en cualquier caso, 500.000
pesetas. Los importes ingresados por los obligados al pago no
podrán ser disminuidos como consecuencias de descuentos o
gastos derivados de la utilización de dichas tarjetas.
2.- En entidades colaboradoras:
-Pago en metálico
-Domiciliaciones: De acuerdo con el siguiente
procedimiento:
¿ Se comunicará al Ayuntamiento y a la entidad financiera
en el modelo establecido al efecto con una antelación mínima
de un mes al inicio del periodo de cobro de cada tributo.
¿ El uso de este sistema no supondrá coste alguno para
el Ayuntamiento.
¿ La devolución de un recibo domiciliado por causas
imputables al obligado al pago, supondrá la anulación de la
orden de domiciliación para ejercicios futuros y el apremio de
la deuda cuando no fuera satisfecha en plazo.
Artículo 27.- Legitimación para efectuar y recibir el
pago.
1.- El pago puede realizarse por cualquiera de los
obligados, y también por terceras personas con plenos efectos
extíntivos de la deuda.
2.- El tercero que pagase la deuda no podrá solicitar de la
Administración la devolución del ingreso y, tampoco ejercer
otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que
en vía civil pudieran corresponderle.
Capítulo II.- Recaudación voluntaria
Artículo 28.- Periodos de Recaudación.
1.- Los plazos de ingreso en periodo voluntario de las
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, tanto
por tributos como por precios públicos, serán los determinados
por la Comisión de Gobierno con ocasión de la aprobación de
los respectivos padrones, haciéndose público mediante
inserción de edicto en el B.O.R.M. y exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. En ningún caso, el plazo será
inferior a dos meses naturales.
2.- El plazo de ingreso en periodo voluntario de las
deudas por liquidaciones de ingreso directo será el que conste
en el documentonotificación dirigido al sujeto pasivo, sin que
pueda ser inferior al periodo establecido en el artículo 20 del
Reglamento General de Recaudación, y que es el siguiente:
a) Para las notificadas entre los días 1 y 15 del mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.
b) Para las notificadas entre los días 16 y último del mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.
3.- Las cuotas correspondientes a declaraciones
necesarias para que el Ayuntamiento pueda practicar la
liquidación o autoliquidaciones, presentadas fuera de plazo sin
requerimiento previo, se incrementarán con los siguientes
recargos únicos con exclusión de intereses de demora y de las
sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse:
Declaración después periodo voluntario Recargo
Dentro de los 3 meses 5%
Dentro de los 6 meses 10%
Dentro de los 12 meses 15%
Después de los 12 meses 20%
En las presentadas después de 12 meses, además del
recargo anterior, se exigirán intereses de demora.
4.- En los supuestos de autoliquidación, cuando los
obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la
presentación de la autoliquidación extemporánea, además de los
recargos previstos en el punto 3, se exigirá el recargo de apremio.
5.- Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se
exigirán en periodo ejecutivo,
6.- La relación de deudas no satisfechas y que no estén
afectadas por alguna incidencia de suspensión, aplazamiento,
fraccionamiento de pago o anulación, servirá de fundamento
para la expedición de la providencia de apremio.
Capítulo III. Recaudación Ejecutiva
Artículo 29.- Inicio del periodo ejecutivo.
1.- El periodo ejecutivo se inicia, para las liquidaciones
previamente notificadas no ingresadas a su vencimiento, el día
siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo
voluntario.
2.- El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de
un recargo del 20 por 100 de la deuda no ingresada, así como
los intereses de demora..
Este recargo será del 10 por 100 cuando la duda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio.
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Artículo 30.- Plazos de ingreso.
1.- Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas,
serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 del mes, hasta el
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
2.- Cuando las deudas se paguen antes de que haya sido
notificada la providencia de apremio, no se liquidarán intereses
de demora.
3.- Una vez transcurridos los plazos del punto 1 sin
haberse satisfecho la deuda, el Tesorero dictará providencia
de embargo.
Artículo 31.- Inicio del procedimiento de apremio y
recursos.
1.- El procedimiento de apremio se inicia mediante
providencia de apremio, expedida por el Tesorero Municipal.
2.- La providencia de apremio constituye el título ejecutivo,
que tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para
proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
3.- Contra la providencia de apremio podrá interponerse
recurso de reposición ante el Tesorero, en el plazo de un mes
desde la notificación. El plazo máximo para dictar la resolución
será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso el
recurso quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
4.- Contra la procedencia de la vía apremio sólo serán
admisibles los motivos de oposición señalados en el artículo
138 de la Ley General Tributaria.
Capítulo IV.- Créditos incobrables
Artículo 32.- Situación de insolvencia.
1.- Son créditos incobrables aquellos que no pueden
hacerse efectivos por el procedimiento de recaudación por
resultar fallidos los obligados al pago y los demás
responsables, respecto de los cuales se haya practicado acto
de derivación de responsabilidad con resultado infructuoso.
2.- A efectos de la declaración de fallido de cualquier
deudor a la Hacienda Local, el Recaudador documentará
debidamente los expedientes, formulando propuesta que, con
la conformidad del Tesorero, se someterá a fiscalización de la
Intervención y aprobación de la Comisión de Gobierno.
Artículo 33.- Criterios a aplicar en la formulación de
propuestas de declaración de créditos incobrables.
1.- Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de
legalidad procedimental con el de eficacia administrativa, se
establecen los requisitos y condiciones que habrán de
verificarse con carácter previo a la propuesta de declaración
de créditos incobrables.
2.- La documentación justificativa será diferente en
función de los importes y características de la deuda,
distinguiéndose los siguientes supuestos:
2.1. Expedientes por deudas acumuladas inferiores a
15.000 pesetas y de una antigüedad superior a 2 años, cuando
el deudor no lo sea por otros conceptos tributarios posteriores
y siempre que carezca de D. N. I.
Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes
casos:
a) Intentada la notificación en los domicilios que figuren
en los valores y en el domicilio que conste en Padrón de
Habitantes, resulte el deudor DESCONOCIDO.
b) Intentada la notificación en los domicilios señalados en
distintas ocasiones, resulte el deudor AUSENTE.
c) Se ha practicado la notificación por edictos mediante
su inserción en el B.O.R.M.
2.2 Expedientes por deudas acumuladas superiores a
15.000 pesetas inferiores a 30.000, siempre que el deudor
carezca de D. N. l.
2.3 Expedientes por deudas acumuladas superiores a
30.000 pesetas, y supuestos en que se conozca el D. N. I. del
deudor cualquiera que sea su importe.
Se formulará propuesta cuando, además de las
actuaciones del apartado anterior, se hayan realizado
gestiones tendentes a obtener el D.N.I. del deudor con
resultado negativo y se haya emitido certificación municipal de
bienes del deudor, igualmente con resultado negativo.
Se formulará propuesta cuando, además de las
actuaciones del apartado 2.1 se realicen las siguientes:
- Se ha intentado el embargo de cuentas con resultado
negativo.
- Se ha intentado el embargo de salarios con resultado negativo.
- Se ha intentado el embargo de vehículos con resultado
negativo, o el embargo de los mismos resulta, a juicio del
Tesorero antieconómico, atendiendo al modelo, antigüedad y
estado de conservación general del mismo.
- No existen bienes inscritos en el Registro de la
propiedad, a nombre del deudor, o su embargo resulta, a juicio
del Tesorero, antieconómico atendido el importe de la deuda y
coste del procedimiento.
TÍTULO VI
INSPECCIÓN
Artículo 34.-. Principios Generales.
El Ayuntamiento de Yecla, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 4.1 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las bases de Régimen Local, establece el servicio de
inspección tributaria que se regirá por la Ley General
Tributaria, el Reglamento General de la Inspección de los
Tributos, el resto de la normativa estatal sobre la materia y la
presente Ordenanza.
Artículo 35.- Funciones.
Corresponde a la Inspección de los Tributos del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla, en relación con los tributos que le son
propios y los precios públicos que hubiera establecido, las
funciones previstas en el artículo 140 de la Ley General
Tributaria, con excepción de la práctica de las liquidaciones
tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e
investigación cuya competencia corresponderá al
Alcalde-Presidente.
Artículo 36.- Organización.
1.-Tendrán la consideración de personal inspector los
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Yecla que ocupen
puestos así denominados en las correspondientes relaciones
de puestos de trabajo y aquellos otros que por designación de
la Alcaldía resulten habilitados con carácter temporal para el
desempeño de dichas funciones.
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2.- Podrán asignarse a otro personal que no ostente la
condición de funcionario tareas meramente preparatorias, de
recopilación de datos o de comprobación material que resulten
necesarios para las actuaciones inspectoras.
3.- El Alcalde designará entre los funcionarios
municipales, a quien deba ostentar la condición de Jefe de la
Inspección Municipal de Tributos, sin que dicha designación
tenga efecto alguno sobre el puesto de trabajo ordinariamente
desempeñado por el citado funcionario.
4.- Bajo la superior autoridad del Alcalde el Jefe de la
Inspección organizará las actuaciones de los Inspectores,
coordinará las mismas con los servicios de Gestión Tributaria y
Recaudación y propondrá los Planes de Inspección para su
consideración por la Alcaldía.
Artículo 37.- Plan de Inspección.
El Plan Anual de Inspección contendrá los criterios de
selección de las actuaciones a realizar por la Inspección de los
Tributos Locales. La aprobación del Plan corresponderá al
Alcalde quien lo pondrá en conocimiento del Pleno. Todo ello,
sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los
criterios de eficacia y oportunidad.
Artículo 38.- Documentación de la Inspección.
Las actuaciones inspectoras se formalizarán mediante
actas, informes y diligencias con contenidos y efectos
análogos a los establecidos en la normativa estatal.
Artículo 39.- Plazo.
Las actuaciones de comprobación e investigación y las
de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos
Locales deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a
contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio
de las mismas, pudiendo no obstante ampliarse por los
motivos expresados en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26
de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente.
Artículo 40.- Derecho de información del
contribuyente.
Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al
inicio de las actuaciones de comprobación e investigación
llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos Locales,
acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de
sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y
a que se desarrollen en el plazo previsto en el artículo anterior.
Artículo 41.- Inicio de las actuaciones.
Las actuaciones de la Inspección de Tributos Locales
podrá iniciarse:
a) Mediante comunicación notificada al obligado tributario
para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale,
teniendo a disposición de la Inspección o aportándole la
documentación y demás elementos que se estimen
necesarios. En dicha comunicación se indicará al obligado
tributario el alcance de las actuaciones a desarrollar.
b) Mediante personación del personal inspector, sin
previa comunicación, en las oficinas, instalaciones o
almacenes del interesado o donde exista alguna prueba, al
menos parcial, del hecho imponible. En este caso, las
actuaciones se entenderán con el interesado, si estuviere
presente, o bien con quien ostente su representación como
encargado o responsable de la oficina, dependencia, empresa
o lugar de trabajo.
c) Cuando exista prueba preconstituida del hecho
imponible. Se levantará acta de prueba preconstituida cuando
de los antecedentes obrantes en el Servicio de Gestión
Tributaria resulte probado el hecho imponíble, en cuyo caso no
será precisa la presencia del obligado tributario o su
representante, si bien deberá notificarse la iniciación de las
correspondientes actuaciones administrativas, otorgándoles un
plazo de quince días para que puedan alegar posibles errores
o inexactitud acerca de dicha prueba preconstituida. En el acta
se expresarán, con el detalle necesario, los hechos y medios
de prueba empleados y a la misma se acompañará, en todo
caso, informe del actuario.
Artículo 42.- Liquidaciones Tributarias derivadas de la
inspección.
Corresponderá al Alcalde-Presidente dictar los actos
administrativos de liquidación tributaria que procedan como
resultado de las investigaciones y comprobaciones efectuadas
por la Inspección de Tributos Municipal.
Dichas liquidaciones serán notificadas en legal forma al
interesado.
TÍTULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 43.- Infracciones y sanciones tributarias.
1.- Son infracciones tributarias las acciones y omisiones
tipificadas por las leyes.
2.- De acuerdo con lo establecido en la Ley General
Tributaria, las infracciones se clasifican en simples y graves.
3.- Dentro de los límites establecidos por las leyes, se
establece el siguiente cuadro de sanciones tributarias por
infracciones simples:
a) Falta de declaración tributaria exigida por la
Ordenanza de un tributo local, y necesaria para la liquidación
del tributo 25.000 pesetas.
b) Falta de comunicación por los propietarios ausentes
del municipio de la persona que los represente en el mismo,
15.000 pesetas.
c) Falta de comunicación de cambio de domicilio fiscal,
15.000 pesetas.
d) Incumplimiento de los deberes de colaboración de sus
relaciones con terceras personas, en particular los
establecidos en los artículos 111 y 112 de la Ley General
Tributaria, 10.000 pesetas por cada dato no comunicado.
e) Falta de contestación a requerimientos de la
Administración Tributaria local ya sea en fase de gestión,
inspección o recaudación, 15.000 pesetas por cada
requerimiento no contestado.
4.- La comisión repetida de infracciones tributarias de
carácter simple graduará la sanción aplicable,
incrementándola en 10.000 pesetas por cada infracción de la
misma naturaleza que hubiera sido sancionada.
5.- Atendiendo a la transcendencia para la eficacia de la
gestión tributaria, cuando la infracción simple por falta de
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declaración se refiera a actos de liquidación inferiores a 10.000
pesetas, la cuantía de la sanción se reducirá a esta cantidad.
6.- Las infracciones graves se sancionarán de acuerdo
con la Ley General Tributaria y disposiciones de desarrollo,
aplicándose las sanciones en su grado mínimo.
Artículo 44.- Procedimiento Sancionador.
1.- Será competente para iniciar los correspondientes
expedientes sancionadores el Alcalde, a propuesta motivada
de los órganos de gestión tributaria o recaudadora y de los
funcionarios habilitados como inspectores tributarios.
2.- En la tramitación de los expedientes sancionadores se
respetarán las garantías contenidas en el Real Decreto 1.930/
1998, de 11 de septiembre.
3.- La resolución de los expedientes sancionadores
corresponderá al Alcalde.
4.- La imposición de sanciones tributarias se realizará
mediante un expediente distinto e independiente del instruido
para la comprobación e investigación de la situación tributaria
del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al
interesado.
5.- El plazo máximo de resolución del expediente
sancionador será de seis meses.
6.- La ejecución de las sanciones tributarias quedará
automáticamente suspendida sin necesidad de aportar
garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o
reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin
que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía
administrativa.
TÍTULO VIII
RECURSOS
Artículo 45.- Recurso de reposición.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos
y restantes ingresos de Derecho público de este Ayuntamiento,
sólo podrá interponerse el recurso de reposición en la forma y
plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 46.- Recurso contencioso-administrativo.
1.- Contra la denegación del recurso de reposición, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución, si fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a
aquél en que se cumpla el plazo de un mes desde la interposición
del recurso de reposición sin que hubiera recaído resolución.
Todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la
interposición de reclamaciones económico-administrativas contra
actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.
2.- Contra las Ordenanzas Fiscales podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y
mantendrá su vigencia hasta su modificación o derogación expresas.
Yecla a 14 de junio de 1999.¿El Alcalde, Vicente Maeso
Carbonell.