Villanueva del Río Segura
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9788 Aprobación definitiva Plan Parcial La Morra.
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Don José Antonio López Campuzano, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Villanueva del Río
Segura (Murcia).
Certifico: Que según consta en los Libros y demás
antecedentes documentales obrantes en esta Secretaría-
Intervención a mi cargo, resulta que:
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El Plan Parcial «La Morra», encargado por el Ayuntamiento
de Villanueva del Río Segura a Incotec Urbanismo,
S.L., y elaborado por su Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, don Carlos J. García Calvo, de
acuerdo con lo previsto en las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal, definitivamente
aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del
Río Segura, en sesión celebrada el 30-07-03, es de iniciativa
pública.
Y para que conste y surta a los efectos de su remisión
a su respectivo expediente y ante el Organismo Público
que proceda, firmo la presente de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde, don José Luis López Ayala,
en Villanueva del Río Segura, a uno de agosto de dos
mil tres.¿V.º B.º, el Alcalde.¿El Secretario-Interventor.
Aprobación definitiva Plan Parcial La Morra
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
140, b) de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la
Región de Murcia, se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento
de Villanueva del Río Segura, en sesión celebrada
el 30.07.03, ha aprobado definitivamente el Plan
Parcial «La Morra», encargado por el Ayuntamiento de
Villanueva del Río Segura a Incotec Urbanismo, S.L., y
elaborado por su Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Carlos J. García Calvo, de acuerdo con lo
previsto en las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, y que, con una superficie total
de 149.000 m2., se ubica junto al Barrio de La Asunción,
lindante a éste, a la carretera regional MU-522, al camino
de Los Baños que discurre junto al río Segura y al
término municipal de Archena.
Asimismo, y en cumplimiento con lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1855 Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se procede a la publicación integra
de las Normas Urbanísticas Reguladoras de dicho
Plan, y cuyo texto es el que sigue:
NORMAS URBANÍSTICAS
(ORDENANZAS REGULADORAS)
2. NORMAS URBANÍSTICAS.
2.1.- TÍTULO I. NORMAS GENERALES.
2.1.1.- Capítulo I. Generalidades.
Artículo 1. Fines y Objetivos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Vigencia y entrada en vigor.
Artículo 4. Competencia y Régimen Jurídico.
Artículo 5. Infracciones.
Artículo 6. Licencias.
Artículo 7. Mantenimiento y conservación.
Artículo 8. Terminologías.
Artículo 9. Interpretación.
Artículo 10. Declaración de utilidad pública.
2. 1. 2. Capítulo II. Desarrollo del Plan Parcial.
Artículo 11. Aplicación directa del Plan Parcial.
Artículo 12. Estudios de detalle.
2.2. - TÍTULO II. NORMAS DE PROTECCIÓN.
Artículo 13. Carreteras.
Artículo 14. Vías pecuarias.
Artículo 15. Ley de Aguas.
Artículo16. Red eléctrica.
Artículo 17. Red de saneamiento. Depuración.
Artículo 18. Vertedero de residuos sólidos urbanos.
RSU.
Artículo 19. Yacimientos paleontológicos y arqueológicos.
2.3. - TÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 20. Conceptos fundamentales del Régimen
Urbanístico del suelo.
Artículo 21. Ámbitos de actuación.
Artículo 22. Gestión del Plan Parcial.
Artículo 23. Actuación Integrada.
Artículo 24. Ocupación directa de terrenos
dotacionales.
Artículo 25. Utilización pública de los terrenos.
Artículo 26. Vinculación del destino de los terrenos
de cesión obligatoria.
Artículo 27. Criterios de valoración.
Artículo 28. Parcelaciones.
2.4. - TÍTULO IV. NORMAS DE URBANIZACIÓN.
Artículo 29. Generalidades.
Artículo 30. Red viaria y espacios libres.
Artículo 31. Red de agua potable.
Artículo 32. Alumbrado público.
Artículo 33. Suministro de energía eléctrica.
Artículo 34. Red de alcantarillado.
Artículo 35. Red de telefonía.
2.5. - TÍTULO V. NORMAS DE EDIFICACIÓN.
2.5.1. Capítulo I. Parámetros Urbanísticos. Definiciones.
2.5.1.1. ¿ Sección A. Parámetros Urbanísticos relativos
a la manzana y al vial.
Artículo 36. Alineación de vial.
Artículo 37. Ancho de vial en un punto.
Artículo 38. Manzana.
Artículo 39. Patio de manzana.
Artículo 40. Línea de Rasante.
Artículo 41. Cota de Rasante.
2.5.1.2. Sección B. Parámetros Urbanísticos relativos
a la parcela.
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Artículo 42. Parcela.
Artículo 43. Parcela edificable.
Artículo 44. Solar.
Artículo 45. Lindes de parcela.
Artículo 46. Linde frontal de parcela.
Artículo 47. Cerramientos de parcela.
Artículo 48. Parcela mínima.
Artículo 49. Frente de parcela.
2.5.1.3. Sección C. Parámetros Urbanísticos relativos
a la posición de la edificación en la parcela.
Artículo 50. Alineación de la edificación.
Artículo 51. Alineación de la edificación en planta baja.
Artículo 52. Alineación de la edificación en planta
de piso.
Artículo 53. Alineación del volumen.
Artículo 54. Distancia a linde.
Artículo 55. Retranqueo de la edificación.
Artículo 56. Profundidad edificable.
2.5.1.4. Sección D. Parámetros Urbanísticos relativos
a la intensidad de la edificación.
Artículo 57. Superficie ocupada.
Artículo 58. Coeficiente de ocupación.
Artículo 59. Superficie libre.
Artículo 60. Superficie construida por planta.
Artículo 61. Superficie construida total.
Artículo 62. Volumen construido.
Artículo 63. Edificabilidad.
Artículo 64. Coeficiente de edificabilidad neta.
Artículo 65. Coeficiente de edificabilidad bruta.
2.5.1.5. Sección E. Parámetros Urbanísticos relativos
al volumen y forma de los edificios.
Artículo 66. Altura reguladora.
Artículo 67. Altura total.
Artículo 68. Número de plantas.
Artículo 69. Medianera.
Artículo 70. Planta baja.
Artículo 71. Planta de piso.
Artículo 72. Planta de ático.
Artículo 73. Aprovechamiento bajo cubierta.
Artículo 74. Entreplanta.
Artículo 75. Sótano.
Artículo 76. Semisótano.
Art 77. Altura de planta.
Artículo 78. Altura libre de planta.
Artículo 79. Cuerpos volados.
Artículo 80. Elementos salientes.
Artículo 81. Elementos técnicos de las instalaciones.
Artículo 82. Patios de luces y ventilación.
2.5.2. Capítulo II. Configuración de la zona de ordenación
urbanística. Definiciones.
2.5.2.1. Sección A. Sistema de Ordenación.
Artículo 83. Sistema de ordenación.
Artículo 84. Sistema de Ordenación por edificación
aislada
2.5.2.2. Sección B. Tipologías edificatorias.
Artículo 85. Tipologías edificatorias.
Artículo 86. Bloque exento
Artículo 87. Bloque adosado.
2.5.2.3. Sección C. Régimen general de los usos.
Artículo 88. Usos globales.
Artículo 89. Usos pormenorizados.
Artículo 90. Uso Residencial.
Artículo 91. Uso Industrial.
Artículo 92. Uso Terciario.
Artículo 93. Uso Dotacional público. Definición y
clases.
Artículo 94. Condiciones generales de los usos
dotacionales públicos
Artículo 95. Uso dotacional viario. Definición.
Artículo 96. Condiciones de la red viaria.
Artículo 97. Reserva mínima de aparcamientos.
Artículo 98. Uso dotacional de zonas verdes y espacios
libres. Definición y condiciones generales.
Artículo 99. Uso dotacional de equipamiento. Definición
y régimen.
Artículo 100. Condiciones de edificación de los
equipamientos.
Artículo 101. Concesiones para equipamientos.
2.5.3. ¿ Capítulo III. Ordenación pormenorizada.
Normas Particulares.
Artículo 102. Ordenanzas comunes de las zonas
de ordenación urbanística.
Artículo 103. Zona de ordenación urbanística de viviendas
adosadas (ADO).
Artículo 104. Zona de ordenación urbanística de
edificación abierta (EDA).
2. NORMAS URBANÍSTICAS.
2.1. - TÍTULO I. NORMAS GENERALES.
2.1.1.- Capítulo I. Generalidades.
Artículo 1. Fines y Objetivos.
La redacción de las presentes Normas Urbanísticas
tienen por objeto el establecimiento de una serie de
determinaciones que permiten la ejecución del Plan
Parcial, cumplimentando las disposiciones legales que
en materia de planeamiento le afecten.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Los lindes del sector son los que aparecen
grafiados en planos, siendo su ámbito de aplicación el
del Plan Parcial.
Artículo 3. Vigencia y entrada en vigor.
Las presentes normas entrarán en vigor desde la
publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial y
tendrán la misma vigencia que éste, siempre y cuando
no se contradigan con las disposiciones de rango superior.
Tanto la Administración actuante, como los propietarios
particulares presentes o futuros tienen la obligatoriedad
del cumplimiento de las presentes ordenanzas.
Artículo 4. Competencia y Régimen Jurídico.
La entidad de gestión del suelo, a partir de su
constitución formal, asumirán las obligaciones y compromisos
que se derivan de estas ordenanzas y documentos
del Plan, siendo intermediarios según corresponda
cronológicamente en la inspección y control de
las obras de urbanización, con la Corporación Municipal
hasta que las mismas sean cedidas y/o pasen a gestión
del ayuntamiento, las dotaciones y servicios dispuestos
en el planeamiento.
El Ayuntamiento poseerá en todo momento potestades
que dimanan de la vigente Legislación con ámbito
y competencia de aplicación. De acuerdo con la vigente
Ley del Suelo el régimen aplicable es el establecido en
la misma para este tipo de planeamiento.
Artículo 5. Infracciones.
Conforme establece el Artículo 233 de la vigente
Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia, LSRM, la
vulneración de las prescripciones contenidas en estas
ordenanzas y documentos que integran el Plan Parcial,
tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y
llevarán consigo la imposición de sanciones a los responsables
así como la obligación de resarcimiento de
daños e indemnizaciones de los perjuicios a cargo de
los mismos, todo ello con independencia de las medidas
de protección de la legalidad urbanística reguladas
por la legislación urbanística vigente y de las responsabilidades
de orden penal en que hayan podido incurrir
los infractores.
Artículo 6. Licencias.
Estarán sujetos a previa Licencia Municipal sin
perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes
con arreglo a legislación específica aplicable, los actos
determinados en el artículo 221 de la Ley 1/2001, de 24
de abril, del Suelo de la Región de Murcia, LSRM.
Artículo 7. Mantenimiento y conservación.
Los gastos de conservación y mantenimiento de
las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos
serán a cargo de la propiedad de los terrenos comprendidos
en el Plan Parcial.
Artículo 8. Terminologías.
Cuantas veces se empleen los términos y definiciones
que estas normas establecen, tienen el sentido
que taxativamente aquí se establece y son de obligada
utilización en todo documento que desarrolle este Plan.
Artículo 9. Interpretación.
1.- La documentación de este Plan Parcial pretende
constituir una unidad coherente en su conjunto. En
caso de discrepancia o contradicción se atenderá para
resolverla, y por este orden, a lo expresado en las normas
particulares, normas generales, planos de ordenación
y memoria. En caso de discrepancia entre planos,
prevalecerá el de mayor escala (menor división).
2.- En todas aquellas materias sobre las que opera
reserva de Ley, se estará a lo dispuesto por la legislación
vigente en cada momento (Leyes, Reglamentos,
normas sectoriales...). En caso de discrepancia entre la
legislación estatal, urbanística o sectorial y el contenido
de las presentes normas urbanísticas, se estará a lo
dispuesto por la legislación estatal, urbanística o sectorial
vigente.
3.- La interpretación de este Plan Parcial corresponde
al Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura,
sin perjuicio de las competencias de la Dirección General
de Urbanismo y de otros órganos de la Comunidad
Autónoma. Los acuerdos, resoluciones, dictámenes
o informes que tengan el carácter de precedente a
estos efectos interpretativos, deberán sistematizarse y
constituirán un documento accesible a cualquier administrado,
sin perjuicio de la preceptiva publicación en
diarios oficiales de los actos interpretativos que por su
naturaleza y ámbito así lo requieran o convenga.
Artículo 10. Declaración de utilidad pública.
La aprobación del presente Plan Parcial implicará
la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad
de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes
a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres, cuando sus determinaciones sean aplicables
directamente.
No obstante, las Administraciones Públicas, en el
ejercicio de sus competencias, podrán ejecutar las
obras públicas compatibles con la ordenación urbanística
en cualquier momento y clase de suelo.
Cuando dichas obras conviertan en solar las parcelas
de su entorno se ejecutarán como Actuaciones Integradas
de iniciativa pública, aprobándose según el
sistema de gestión utilizado y comportarán la delimitación
o redelimitación de la Unidad de Actuación.
2. 1. 2. Capítulo II. Desarrollo del Plan Parcial.
Artículo 11. Aplicación directa del Plan Parcial.
Cuando no sea necesario o no esté prevista la
previa aprobación de los documentos que se citan a
continuación, las determinaciones del Plan parcial, son
susceptibles de aplicación directa e inmediata.
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Artículo 12. Estudios de detalle.
- Concepto:
Conforme establece el artículo 120.1 LSRM, los
Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere
preciso completar o, en su caso, adaptar las determinaciones
establecidas en los Planes Generales para el
suelo urbano o urbanizable ordenado directamente y en
los Planes Parciales y Especiales.
- Contenido:
Tal y como señala el Artículo 120.2 LSRM, su contenido
tendrá por finalidad:
a) Adaptar o reajustar las alineaciones y rasantes
señaladas en el planeamiento.
b) La ordenación de volúmenes de acuerdo con
las especificaciones del planeamiento pudiendo crearse
vías interiores de carácter privado para el acceso a la
edificación desde el viario público.
- Limitaciones:
Conforme el Artículo 120.3 LSRM, los Estudios de
Detalle respetarán las determinaciones del
planeamiento que desarrollan, sin sobrepasar la edificabilidad
que corresponde a los terrenos comprendidos
en su ámbito, ni las alturas máximas establecidas,
ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por
aquél, ni reducir la superficie de uso y dominio público.
En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar
las condiciones de ordenación de los predios colindantes,
debiendo contener a estos efectos el ámbito de
influencia identificando los predios afectados.
- Documentación.
Conforme establece el artículo 125 LSRM, los Estudios
de Detalle contendrán los siguientes documentos:
1. Memoria Justificativa de la conveniencia de las
soluciones adoptadas.
2. Planos a escala adecuada que expresen las determinaciones
que se completan, adaptan o reajustan,
con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación
con la anteriormente existente.
Cuando la finalidad del Estudio de Detalle sea la
reordenación de volúmenes, deberá analizarse su influencia
sobre el entorno afectado.
2.2. - TÍTULO II. NORMAS DE PROTECCIÓN.
Artículo 13. Carreteras.
a) Legislación.
La legislación estatal está constituida por la Ley de
Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio) y el Reglamento
General de Carreteras.
La legislación autonómica se contiene en la Ley 9/1990,
de 27 de agosto, de Carreteras de la Región de Murcia.
b) Afecciones territoriales.
Por lo que respecta a la normativa estatal, con
carácter previo hemos de señalar que la Ley 25/1988
tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, la regulación
de la planificación, proyección, construcción,
conservación, financiación, uso y explotación de las
carreteras estatales. Estas son definidas en su artículo
4.1. como las integradas en un itinerario de interés
general o cuya función en el sistema de transporte
afecte a más de una Comunidad.
Hecha esta precisión, las afecciones territoriales
que resultan de la legislación estatal de carreteras, recogidas
en el Capítulo III, Sección 1ª de la Ley 25/1988,
son las siguientes:
«Artículo 20. A los efectos de la presente Ley, se
establecen en las carreteras las siguientes zonas: de
dominio público, de servidumbre y de afección».
«Artículo 21.1. Son de dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura
en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres
metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de
la misma, desde la arista exterior de la explanación.
La arista exterior de la explanación es la intersección
del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso,
de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.
En los casos especiales de puentes, viaductos,
túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar
como arista exterior de la explanación la línea de proyección
ortogonal del borde de las obras sobre el terreno.
Será en todo caso de dominio público el terreno
ocupado por los soportes de la estructura.
2. Es elemento funcional de una carretera toda
zona permanentemente afectada a la conservación de
la misma o a la explotación del servicio público viario,
tales como las destinadas a descanso, estacionamiento,
auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada
de autobuses, y otros fines auxiliares o complementarios.
3. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en
la zona de dominio público de la carretera, previa autorización
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
cuando la prestación de un servicio público de interés
general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo
38".
«Artículo 22. 1. La zona de servidumbre de las carreteras
estatales consistirá en dos franjas de terreno a
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente
por la zona de dominio público definida en el artículo 21 y
exteriormente paralelas a las aristas exteriores de la explanación
a una distancia de 25 metros en autopistas,
autovías y vías rápidas, y de ocho metros en el resto de
carreteras, medidas desde citadas aristas exteriores.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse
obras ni se permitirá más usos que aquellos que sean
compatibles con la seguridad vial, previa autorización,
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en cualquier caso, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concurrentes
y de lo establecido en el artículo 38.
3. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo podrá utilizar o autorizar la utilización de la
zona de servidumbre por razones de interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
4. Serán indemnizables la ocupación de la zona
de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen
por su utilización.
«Art 23.1. La zona de afección de una carretera estatal
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados
de la misma, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y
de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas
desde las citadas aristas.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo
de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el
uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se
requerirá la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo establecido en el artículo 38.
3. En las construcciones e instalaciones existentes
en la zona de afección podrán realizarse obras de
reparación y mejora, previa la autorización correspondiente,
una vez constatados su finalidad y contenido,
siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las
demás competencias concurrentes y de lo dispuesto
en el artículo 39.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse
en las previsiones de los planes o proyectos de
ampliación o variación de la carretera en un futuro no
superior a diez años.
«Artículo 24.1. Fuera de los tramos urbanos de las
carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad
en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público
de la carretera, sin que esta prohibición dé en ningún
caso derecho a indemnización.
2. A los efectos de este artículo no se considera
publicidad los carteles informativos autorizados por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo».
«Artículo 25.1. A ambos lados de las carreteras
estatales se establece la línea límite de edificación,
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
a excepción de las que resultaren imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las
construciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros
en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en
el resto de carreteras de la arista exterior de la calzada
más próxima, medidas horizontalmente a partir de la
mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de
la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos en general.
2. Con carácter general, en las carreteras estatales
que discurran total o parcialmente por zonas urbanas
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá
establecer la línea límite de edificación a una distancia
inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo
permita el planeamiento urbanístico correspondiente,
con arreglo al procedimiento que reglamentariamente
se establezca.
3. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
previo informe de las Comunidades Autónomas
y Entidades Locales afectadas, podrán, por razones
geográficas o socioeconómicas, fijar una línea
límite de edificación inferior a la establecida con carácter
general, aplicable a determinadas carreteras estatales
en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
en las variantes o carreteras de circunvalación que
se construyan con el objeto de eliminar las travesías de
las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a
100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista
exterior de la calzada en toda la longitud de la variante».
«Artículo 26. En la zona de servidumbre, y en las
comprendidas hasta la línea límite de edificación, el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo podrá proceder
a la expropiación de los bienes existentes, entendiéndose
implícita la declaración de utilidad pública, siempre
que existiese previamente un proyecto aprobado de
trazado o de construcción para reparación, ampliación o
conservación de la carretera que la hiciera indispensable
o conveniente».
«Artículo 27. 1. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores
civiles, a instancia o previo informe del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, dispondrán la
paralización de las obras y la suspensión de usos no
autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas
en las autorizaciones.
2. Las citadas autoridades interesarán del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo para que efectúe la
adecuada comprobación de las obras paralizadas y los
usos suspendidos, debiendo adoptar, en el plazo de
dos meses, una de las resoluciones siguientes:
a) Demoler las obras e instalaciones o impedir
definitivamente los usos no autorizados o que no se
ajustasen a las condiciones establecidas en la autorización.
b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes
para la eventual legalización de las obras e instalaciones
o autorizaciones de los usos que se adapten
a las normas aplicables.
3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará
sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades
de todo orden que resulten procedentes».
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«Artículo 28.1. El Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo puede limitar los accesos a las carreteras
estatales y establecer con carácter obligatorio los lugares
en los que tales accesos pueden construirse.
2. Asimismo queda facultado para reordenar los
accesos existentes con objeto de mejorar la explotación
de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar
para ello los terrenos necesarios.
3. Cuando los accesos no previstos se soliciten
por los propietarios o usufructuarios de una propiedad
colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo podrá convenir
con éstos la aportación económica procedente en cada
caso, siempre que el acceso sea de interés público o
exista imposibilidad de otro tipo de acceso.
4. Las propiedades colindantes no tendrán acceso
directo a las nuevas carreteras, a las variantes de población
y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada
de interés general del Estado, salvo que sean calzadas
de servicio».
Por lo que se refiere a la legislación autonómica,
la Ley 9/1990 será aplicable a todas las vías de tránsito
rodado que, formando parte del sistema viario, transcurran
por el territorio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y no sean de titularidad estatal.
Pasando al estudio de las afecciones impuestas
por esta Ley, su Título IV hace referencia a las limitaciones
a los usos del suelo y actividades en las zonas
contiguas a las carreteras.
«Artículo 21. A los efectos de la presente Ley, se
establecen en las carreteras las zonas de dominio público
y de protección cuyas características admitirán las
excepciones establecidas con base en el artículo 8º de
esta Ley».
«Artículo 22.1. Son de dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras regionales y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de tres metros
a cada lado de la vía, medidas en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
exterior de la explanación, definida como aparece en el
artículo 21, párrafo 1 de la Ley 25/1988, de carreteras.
Cuando el terreno natural adyacente este al mismo nivel
que la carretera, la arista exterior de la explanación
es el borde exterior de la cuneta.
2. Solo podrá realizarse obras e instalaciones en
la zona de dominio público en la carretera, previa autorización
de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, cuando la prestación de un servicio público
de interés general lo exija.
3. La ocupación del dominio público podrá efectuarse
de forma inmediata por la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas».
«Artículo 23.1. La zona de protección de las carreteras
regionales consistirá en dos franjas de terreno a
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente
por la zona de dominio público definida en el artículo 21
y exteriormente por dos líneas paralelas a una distancia
de treinta metros medidos desde la arista exterior
de la explanación.
2. En la zona de protección no podrán realizarse
obras ni se permitirán más usos que aquellos que
sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización,
en cualquier caso de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo establecido en el artículo
20.
Los usos existentes en el momento de aprobación
de un proyecto de construcción serán respetados
en tanto sean compatibles con la ejecución de éste.
3. En todo caso, la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas podrá autorizar la utilización de la
zona de protección por razones e interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
4. Serán indemnizables tanto la ocupación de la
zona de protección como los daños y perjuicios que se
causen por su utilización.
«Artículo. 24. En el caso de las vías de circulación
con características ce autovía se entenderá que las distancias
a que hacen referencia los artículos 21 y 22 serán
de 5 metros para la zona de dominio público y 50
metros para la zona de protección, medidos ambos
desde la arista exterior de la explanación».
«Artículo. 26.1. A ambos lados de las carreteras
regionales se establece la línea límite de edificación ,
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
a excepción de las que resultaren imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a 25 metros
en las carreteras de Primer y Segundo Niveles, y a 18
metros en el resto de carreteras, desde la arista exterior
de la calzada más próxima, medidos horizontalmente
desde la mencionada arista. Se entiende que la
arista exterior de la calzada es el borde exterior de la
parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos
en general.
2. Con carácter general, en las carreteras regionales
que discurran total o parcialmente por zonas urbanas,
así como por espacios definidos según el artículo
8, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia
diferente a la fijada en el punto anterior, siempre
que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
en las variantes o carreteras de circunvalación
que se construyan con objeto de eliminar las travesías
de poblaciones, la línea límite de edificación se situará
a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la
arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.
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«Artículo 27. En la zona de protección y en la comprendida
hasta la línea límite de edificación, la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas podrá
proceder a la expropiación de los bienes existentes, entendiéndose
implícita la declaración de utilidad pública,
siempre que existiese previamente un proyecto aprobado
de trazado o de construcción para reparación, ampliación
o conservación de la carretera que la hiciera indispensable
o conveniente.
«Artículo 28.1. El Consejero de Política Territorial y
Obras Públicas podrá disponer la paralización de las
obras y la suspensión de usos no autorizados o que no
se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones
a que se refiere el artículo 22 de esta Ley.
2. Por parte de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas se efectuará la adecuada comprobación
de las obras realizadas y los usos suspendidos,
debiendo adoptar en el plazo máximo de tres meses,
previa audiencia del interesado, una de las resoluciones
siguientes:
a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente
los usos no autorizados o que no se ajustaren
a las condiciones estableciedas en la autorización.
b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes
para la eventual legalización de las obras o instalaciones
o autorización de los usos que se adapten a
las normas aplicables.
3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará
sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades
de todo orden que resulten procedentes según lo
dispuesto en la Ley 25/1988 de Carreteras, en lo referente
a infracciones y sanciones».
«Artículo 29.1. La Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas puede limitar los accesos a las carreteras
a las carreteras regionales y establecer con carácter
obligatorio los lugares en los que tales accesos
pueden construirse.
2. Asimismo queda facultada para reordenar los
accesos existentes con objeto de mejorar la explotación
de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar
para ello los terrenos necesarios.
3. Cuando los accesos no previstos se soliciten
por los propietarios o usufructuarios de una propiedad
conlindante, o por terceros directamente interesados, la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas podrá
convenir con estos la aportación económica procedente
en cada caso, siempre que el acceso sea de interés público
o exista imposibilidad de otro tipo de acceso.
4. Las propiedades colindantes no tendrán acceso
directo a las nuevas carreteras, a las variantes de población
y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada
de las carreteras regionales de Primer Nivel, salvo que
sean calzadas de servicio».
«Artículo 30. Cuando una construcción o una parte
de ella pueda ocasionar daños a una carretera o ser
motivo de peligro para la circulación por causa de su
estado ruinoso, la Dirección General de Carreteras lo
pondrá en conocimiento de la Corporación Local correspondiente
a los efectos previstos en la legislación
urbanística. En el plazo de quince días, la Corporación
Local deberá incoar el correspondiente expediente de
declaración de ruina o la demolición en el supuesto de
que la ruina sea inminente».
«Artículo 31.1. El régimen de infracciones y sanciones
será el previsto en la Sección Tercera del Capítulo
Tercero de la Ley 25/1988 de Carreteras, teniendo
presente que la zona de protección establecida en esta
Ley equivale a estos efectos a las zonas de servidumbre
y afección establecidas por la Ley citada.
2. El procedimiento para sancionar las infracciones
a los preceptos de esta Ley se iniciará de oficio por
acuerdo de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas o como consecuencia de denuncia formulada
por particulares. El procedimiento sancionador, respetando
la legalidad vigente, se establecerá por Decreto
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia atendiendo al principio de máxima
eficacia.
3. En los supuestos en que los actos cometidos
contra la carretera o sus elementos pudieran ser constitutivos
de delito o falta, la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas pasará el tanto de culpa a la autoridad
judicial competente y se abstendrá de proseguir
el procedimiento sancionador mientras ésta no se haya
pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá
la imposición de multa administrativa. De no haberse
estimado la existencia de delito o falta, la Administración
podrá proseguir el expediente sancionador con
base en los hechos que los Tribunales hayan considerado
probados».
«Artículo 32. La Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en colaboración con las Entidades Locales,
elaborará planes trienales de seguridad vial, en los
que se establecerán las actuaciones en esta materia.»
Título V.- Travesías y redes arteriales.
«Artículo 33. Los tramos de carretera regional que
discurran por suelo urbano o estén incluidos en una red
arterial se regirán por las disposiciones de los artículos
siguientes y por las demás contenidas en esta Ley en
lo que resulten aplicables.
A los efectos de esta Ley se denominará red
arterial de una población o grupo de poblaciones, el
conjunto de tramos de carretera actuales o futuros que
establezcan de forma integrada la continuidad y conexión
de los distintos itinerarios de la red regional o
presten el debido acceso a los núcleos urbanos de población
afectados.
Se considerarán tramos urbanos aquellos de las
carreteras regionales que discurran por suelo calificado
de urbano por el correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico. Se considerará travesía la
parte de tramo urbano en la que existan edificaciones
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consolidadas al menos en dos terceras partes de su
longitud y un entramado de calles al menos en uno de
los márgenes».
«Artículo 34.1. Toda actuación en una red arterial
se establecerá previo acuerdo entre las distintas Administraciones
Públicas interesadas de forma coordinada
en el planeamiento urbanístico vigente.
2. A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos
legalmente establecidos para asegurar la colaboración
y coherencia de actuaciones en una red arterial en
materia de inversión y de prestación de servicios.
3. A falta de acuerdo, el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas, podrá aprobar la ejecución d las actuaciones
necesarias en los tramos de la red arterial que
formen parte de la red regional de carreteras.
«Artículo 35.1. El otorgamiento de autorizaciones
para realizar obras o actividades no ejecutadas por la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en la
zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde
a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de
dicha Consejería, que habrá de versar sobre aspectos
relativos a disposiciones de la presente Ley y en lo no
regulado por esta, de la Ley 25/1988, de Carreteras.
2. En las zonas de protección de los tramos de carretera
indicados en el número anterior, excluidas las
travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán
los Ayuntamientos.
Cuando no estuviere aprobado definitivamente
ningún instrumento de planeamiento urbanístico deberán
aquellos recabar, con carácter previo, informe de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.
3. En las travesías de carreteras regionales corresponde
a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase
de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones
colindantes o situadas en las zonas de protección».
«Artículo 36.1. La conservación y explotación de
todo tramo de carretera regional que discurra por suelo
urbano corresponde a la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas. Las limitaciones de la circulación
en tales tramos se establecerán previo informe
vinculante de la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.
2. Las carreteras regionales o tramos determinados
de ellas se entregarán a los Ayuntamientos respectivos
en el momento en que adquieran la condición
de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia
del Ayuntamiento o de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas, y será resuelto por el Consejo
de Gobierno. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular
de citado departamento cuando existiera acuerdo
entre el órgano cedente y el cesionario.
3. Se considerará vía urbana, a efectos del apartado
anterior, aquella que cumple las siguientes condiciones:
a) Que su tráfico sea mayoritariamente urbano.
b) Que exista vía alternativa para la continuidad de
la red regional que proporcione mejor servicio.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
y las Corporaciones Locales respectivas podrán
convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor
conservación y funcionalidad de tales vías».
c) Esquema competencial.
Con carácter general, cabe señalar que los artículos
148.1.4.ª y 149.1.24.ª de la Constitución, y
concordantes de los respectivos Estatutos de Autonomía,
determinan el régimen competencial en materia de
carreteras. El artículo 148.º4.ª recoge los criterios de interés
y territorio («obras públicas de interés de la Comunidad
Autónoma en su propio territorio»), mientras
que el artículo 148.1.5.ª alude exclusivamente al criterio
territorial («carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente
en territorio de la Comunidad Autónoma»).
Paralelamente, el artículo 149.1.24.ª introduce un nuevo
criterio delimitador cuando atribuye como competencia
exclusiva del Estado sobre «régimen general de comunicaciones;
tráfico y circulación de vehículos de motor
(...)», atribuida por el artículo 149.1.21 del texto constitucional.
De este modo, con independencia del territorio por
el que discurra una carretera, será su calificación o no
como de interés general y la posible afección a varias
Comunidades Autónomas lo que determine la titularidad
estatal o autonómica de la carretera.
Sobre las carreteras cuya titularidad les pertenece,
el Estado y las Comunidades Autónomas tienen competencia
exclusiva, entendiendo como tal el poder dictar
leyes, aprobar reglamentos y la ejecución y control de
todas las actuaciones públicas en la materia.
Esta delimitación competencial se refleja en la Ley
25/1988, de 29 de julio, y así su artículo 4.1 dispone que
constituyen la Red de Carreteras del Estado «las integradas
en un itinerario de interés general o cuya función
en el sistema de transporte afecte a más de una
Comunidad Autónoma». Los criterios para considerar
un itinerario como de interés general son los siguientes:
1) Formar parte de los principales itinerarios de
tráfico internacional, incluidos en los correspondientes
convenios.
2) Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de
interés general.
3) Servir de paso a los principales pasos de fronteras.
4) Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando
los principales núcleos de población del territorio
del Estado, de manera que formen una red continua
que soporte regularmente un tráfico de largo recorrido.
La distribución de competencias en materia de carreteras
debe completarse haciendo una referencia a
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las carreteras dependientes de los municipios y provincias.
La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local
atribuye (artículo 25) a los municipios competencia para
la conservación de caminos y vías rurales. No obstante,
los artículos 25.1 y 36.1 de esta Ley, dedicados respectivamente
a municipios y provincias, remiten a las leyes
sectoriales, estatales y autonómicas, la definitiva configuración
del cuadro de competencias locales sobre
esta materia.
Definido así con carácter general el esquema
competencial, hemos de hacer referencia a las tres siguientes
cuestiones: a) el régimen de travesías y redes
arteriales en la legislación estatal, b) el esquema de
competencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, tal y como aparece dibujado por
la Ley 27/1990 y c) las relaciones con la planificación
urbanística y territorial previstas en la misma Ley.
En relación con el primer apartado, el capítulo IV
de la Ley estatal, se refiere a las travesías y redes
arteriales en los siguientes términos:
«Artículo 36. Los tramos de carretera estatal que
discurran por suelo urbano o estén incluidos en una
red se regirán por las disposiciones del presente capítulo
y por las demás contenidas en esta Ley en lo que
resulten aplicables».
«Artículo 37. 1. A los efectos de esta Ley se denomina
red arterial de una población o grupo de poblaciones
el conjunto de tramos de carretera actuales o futuras,
que establezcan e forma integrada la continuidad y
conexión de los distintos itinerarios de interés general
del Estado, o presten el debido acceso a los núcleos de
población afectados.
2. Se consideran tramos urbanos aquellos de las
carreteras estatales que discurran por suelo calificado
de urbano por el correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico. Se considera travesía la parte
de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas
al menos en las dos terceras partes de su longitud
y un entramado de calles al menos en uno de los
márgenes».
«Artículo 38.1. Toda actuación en una red arterial
se establecerá previo acuerdo entre las distintas Administraciones
Públicas interesadas de forma condicionada
con el planeamiento urbanístico vigente.
2. A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos
legalmente establecidos para asegurar la colaboración
y coherencia de las actuaciones en una red arterial
en materia de inversión y prestación de servicios.
3. A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
podrá aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias
en los tramos de una red arterial que formen o
puedan formar parte de la red estatal de carreteras».
«Articulo 39.1. El otorgamiento de autorizaciones para
realizar obras o actividades, ejecutadas por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, en la zona de dominio público
de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos,
previo informe vinculante de dicho departamento ministerial,
que habrá de versar sobre aspectos relativos a
disposiciones de la presente Ley.
2. En las zonas de servidumbre y afección de los
tramos de carretera indicados en el número anterior, excluidas
las travesías, las autorizaciones de usos y
obras las otorgarán los Ayuntamientos.
Cuando no estuviese aprobado definitivamente
ningún instrumento de planeamiento urbanístico, deberán
aquellos recabar, con carácter previo, informe del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
3. En las travesías de carretera estatales corresponde
a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase
de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y
edificaciones colindantes o situadas en la zona de servidumbre
o afección».
«Artículo 40.1 La conservación y explotación de
todo tramo de carretera estatal que discurra por suelo
urbano corresponde al Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
2. Las carreteras estatales o tramos determinados
de ellas se entregarán a los Ayuntamientos respectivos
en el momento en que adquieran la condición de vías
urbanas. El expediente se promoverá a instancia del
Ayuntamiento o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
y será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente
podrá resolverlo el titular del citado Departamento
cuando existiere acuerdo entre el órgano
cedente y el cesionario.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y
las Corporaciones Locales respectivas podrán convenir
lo que estimen procedente en orden a mejorar la conservación
u funcionalidad de tales vías».
«Artículo 41. La utilización de las carreteras en
sus tramos urbanos y, de modo especial, en las travesías
se ajustará además de lo dispuesto en le capítulo
III de esta Ley, al Código de Circulación y a la correspondiente
normativa local».
Finalmente, hemos de hacer referencia al Título III
de la Ley 26/1990, que se ocupa de las relaciones con
la planificación urbanística y territorial.
«Artículo 17.1. Cuando se trate de construir carreteras
o variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico
vigente de los núcleos de población a los que
afecten, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
deberá remitir el estudio informativo correspondiente
a las Corporaciones Locales afectadas, al objeto
de que durante el plazo de un mes examinen si el trazado
propuesto es el más adecuado para el interés general
y para los intereses de las localidades a que afecta
la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y
un mes más sin que dichas Corporaciones informen al
respecto, se entenderá que están conformes con la
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propuesta formulada.
En caso de disconformidad, que necesariamente
deberá de ser motivada, el expediente será elevado al
Consejo de Gobierno, que decidirá si procede ejecutar
el proyecto y, en este caso, ordenará la modificación o
revisión del planeamiento urbanístico afectado, que deberá
acomodarse a las determinaciones del proyecto en
el plazo de un año desde su aprobación.
2. Acordada la redacción, revisión o modificación
de un instrumento de planeamiento urbanístico municipal
que afecte a carreteras regionales, el órgano competente
para otorgar su aprobación inicial deberá enviar,
con anterioridad a dicha aprobación, el contenido
del proyecto a la Dirección General de Carreteras y
Puertos de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, para que esta emita, en el plazo de un mes, y
con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias
que estime convenientes.
Si transcurrido dicho plazo y un mes más, no se
hubiera evacuado el informe citado por el referido departamento,
se entenderá su conformidad con el mismo.
3. En los municipios que carecieren de
planeamiento urbanístico aprobado, la aprobado, la
aprobación definitiva de los estudios indicados en el
apartado primero de este artículo comportará la inclusión
de la nueva carretera o variante en los instrumentos
de planeamiento urbanístico que se elaboren posteriormente.
4. Con independencia de la información oficial a
que se refieren los apartados anteriores, se llevará a
cabo , en la forma prevista en la Ley de Procedimiento
Administrativo, un trámite de información pública del
proyecto de construcción durante treinta días hábiles.
En este trámite las observaciones deberán versar sobre
las circunstancias que justifiquen la declaración de
interés general de la carretera y sobre la concepción
global de su trazado.
La aprobación del expediente de información pública
corresponde a la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas».
«Artículo 18. Quedan exceptuados de la tramitación
prevista en los artículos anteriores, los proyectos
de construcción destinados a remediar catástrofes o situaciones
que exijan una intervención con carácter urgente
».
Artículo 14. Vías pecuarias.
a) Legislación.
Está constituida por la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, dictada en ejercicio de la
competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo
149.1.23.ª de la Constitución para dictar la legislación
básica sobre esta materia. De acuerdo con su
Disposición derogatoria única: «Queda derogada la
Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, y el
Real Decreto 2.876/1978, de 3 noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, así
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en esta Ley».
La Disposición final tercera de la Ley 3/1995 dispone
que corresponde al Gobierno y las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
dictar las disposiciones que sean precisas para el
desarrollo de esta Ley, especificando la disposición final
primera las normas básicas y de aplicación plena.
Cabe destacar que la Región de Murcia carece de
desarrollo legislativo de la normativa básica estatal en
materia de vías pecuarias.
b) Afecciones territoriales.
Las vías pecuarias, esto es, las rutas o itinerarios
por donde transcurre o ha venido discurriendo
adicionalmente el tránsito ganadero (Artículo 1.2 Ley 3/
1995), son bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas y, en consecuencia, inalienables,
imprescriptibles e inembargables (Artículo 2 Ley 3/1995).
El Artículo 4 de la misma Ley distingue los siguientes
tipos de vías pecuarias, al disponer:
«1. Las vías pecuarias se denominan, con carácter
general: cañadas, cordeles y veredas.
a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura
no exceda de los 75 metros.
b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase
los 37,5 metros.
c) Veredas son las vías que tienen una anchura no
superior a los 20 metros.
2. Dichas denominaciones son compatibles con
otras de índole consuetudinaria, trales como
azagadores, cañaneras, caminos ganaderos,
carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban
en las demás lenguas españolas oficiales.
3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y
demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán
la superficie que determine el acto administrativo de clasificación
de vías pecuarias. Asimismo, la anchura de
las coladas será determinada por dicho acto de clasificación
».
No obstante su carácter de bienes de dominio público
de las Comunidades Autónomas, el Capítulo IV del
Título I de la Ley 3/1995 regula las ocupaciones temporales
y aprovechamientos sobrantes de las vías pecuarias
y el Título II define los usos compatibles y complementarios.
En relación con las ocupaciones temporales, el
Artículo 14 establece que:
«Por razones de interés público y, excepcionalmente
y de forma motivada, por razones de interés
particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter
temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren
el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos
compatibles o complementarios de aquél.
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En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán
tenere una duración superior a los diez años, sin perjuicio
de su ulterior renovación. Serán sometidas a información
pública por espacio de un mes y habrán de
contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término
radiquen».
En materia de usos compatibles, el Artículo 16
dispone:
«1. Se considerarán compatibles con la actividad
pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter
agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación,
puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.
Las comunicaciones rurales y, en particular, el
desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán
respetar la prioridad del paso de los ganados,
evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada
de su marcha. Con carácter excepcional y para usos específico
y concreto, las Comunidades Autónomas podrán
autorizar la circulación de vehículos motorizados
que no sean de carácter agrícola, quedando excluida de
dicha autorización las vías pecuarias en el momento de
transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés
ecológico y cultural.
2. Serán también compatibles las plantaciones lineales,
cortavientos u ornamentales, cuando
permitanm el tránsito normal de los ganados».
En lo que atañe a los usos complementarios, el
Artículo 17 señala que:
«1. Se consideran usos complementarios de las
vías pecuarias el paseo, la práctica del senderismo, la
cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo
sobre vehículos no motorizados siempre que respete la
prioridad del tránsito ganadero.
2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias
instalaciones desmontables que sean necesarias
para el ejercicio de actividades conforme a lo establecido
en el artículo 14.
Para ello será preciso informe del Ayuntamiento y
autorización de la Comunidad Autónoma.
3. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias
puedan suponer incompatibilidad con la protección
de ecosistemas sensibles, masas forestales con
alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas
deportivas tradicionales, las administraciones competentes
podrán establecer determinadas restricciones
temporales a los usos complementarios.»
Igualmente, cabe destacar lo establecido en los
artículos 12 y 13, en relación con las modificaciones de
trazado como consecuencia de una ordenación territorial
o por la realización de obras públicas:
«Artículo12. En las zonas objeto de cualquier forma
de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en su
caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter
previo el mantenimiento de la integridad superficial, la
idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados,
junto con la del tránsito ganadero, así como los
demás usos compatibles y complementarios de
aquél».
«Artículo 13.1. Cuando se proyecte una obra pública
sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria,
la Administración actuante deberá asegurara que el trazado
alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento
de sus características y la continuidad del tránsito
ganadero y de su itinerario, así com los demás usos
compatibles y complementarios de aquél».
c) Esquema competencial.
De acuerdo con su carácter de bienes de dominio
público municipal, los artículos 5 de la Ley 3/1995, disponen
que:
«Artículo 5. Corresponde a las Comunidades Autónomas,
respecto de las vías pecuarias:
a) El derecho y el deber de investigar la situación
de los terrenos que se presuman pertenecientes a las
vías pecuarias.
b) La clasificación.
c) El deslinde.
d) El amojonamiento.
e) La desafectación.
f) Cualesquiera otros actos relacionados con las
mismas».
«Artículo 6. La creación, ampliación y restablecimiento
de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades
Autónomas en sus respectivo ámbitos territoriales.
Dichas actuaciones llevan aparejada la
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios
de los bienes y derechos afectados».
Por lo demás, algunos preceptos prevén la intervención
de otras personas o entidades. Así, en materia
de deslinde, se dará audiencia en el procedimiento al
Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios colindantes,
previa notificación, y a las organizaciones o colectivos
interesados cuyo fin sea la defensa del medio
ambiente (Artículo 8); las modificaciones del trazado se
someterán a consulta previa a las Corporaciones Locales,
de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones
profesionales agrarias afectadas y de aquellas organizaciones
o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio
ambiente (Artículo 11); los artículos 14 y 17 antes citados,
a propósito de las ocupaciones temporales y usos
complementarios.
El Artículo 18 crea la Red Nacional de Vías Pecuarias,
en la que se integran todas las cañadas y aquellas
otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las
mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o
más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias
que sirvan de enlace para los desplazamientos
ganaderos de carácter interfronterizo. Los expedientes
de desafectación y de expropiación, junto con los negocios
jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de
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las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, son
competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Finalmente, el Artículo 25, en materia de competencia
sancionadora, establece que: «Las Comunidades
Autónomas serán competentes para instruir y resolver
los expedientes sancionadores, así como para
adoptar las medidas cautelares o provisionales destinadas
a asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer»-.
Artículo 15. Ley de Aguas.
a) Legislación.
Está constituida básicamente por la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de Aguas. Desde la aprobación de la
misma, las disposiciones reglamentarias más importantes
dictadas en su desarrollo han sido las siguientes:
1) Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1.315/
1992, de 30 de octubre.
2) El Real Decreto 972/1988, de 29 de julio, que
aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, objeto de una ligera
modificación en virtud del Real Decreto 117/1992,
de 14 de febrero.
3) El Real Decreto 2.473/1986, de 27 de diciembre,
que aprueba la tabla de vigencias a que se refiere
el apartado 3 de la Disposición derogatoria de la LA.
4) El Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, que
define los ámbitos territoriales de los organismos de
cuenca y de los planes hidrológicos.
5) El Real Decreto 931/1989 que constituye la
Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Afecciones Territoriales.
Nos centraremos en las afecciones y limitaciones
que resultan del Real Decreto 849/1986. Así, el Artículo
2 se refiere a los bienes que integran el dominio público
hidráulico del Estado:
«Artículo 2. Constituyen el dominio público hidráulico
del Estado, con las salvedades expresamente establecidas
en la Ley:
a) Las aguas continentales, tanto las superficiales
como las subterraneas renovables con independencia
del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corriente naturales, continuas o
discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los
embalses superficiales en cauces públicos.
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de
los actos de disposición, o de afección de los recursos
hidráulicos (Artículo 2 de la LA).
El Capítulo II del título I se refiere a los cauces, riberas
y márgenes.
«Artículo 4. 1. Alveo o cauce natural de una corriente
continua o discontinua es el terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias (Artículo 4 de
la LA).
2. Se considerará como caudal de la máxima crecida
ordinaria la media de los máximos caudales anuales,
en su régimen natural, producidos durante diez
años consecutivos, que sean representativos del comportamiento
hidráulico de la corriente».
«Artículo 5. 1. Son de dominio privado los cauces
por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales,
en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas
de dominio particular.
2. El dominio privado de estos cauces no autoriza
hacer en ellos labores ni construir obras que puedan
hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio
del interés público o de tercero, o cuya destrucción por
la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas
o cosas (Artículo 5 de la LA)».
«Artículo 6. Se entiende por riberas las fajas laterales
de los cauces públicos situadas por encima del
nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que
lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas, en
toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de
anchura para uso público que se regula en este Reglamento.
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura
en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades
que se desarrollen.
En las zonas próximas a la desembocadura en el
mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando
las condiciones topográficas o hidrográficas de cauces
y márgenes lo hagan necesario para la seguridad
de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de
ambas zonas en la forma que se determina en este Reglamento
(Artículo 6 de la LA)».
«Artículo 7. 1. La zona de servidumbre para uso
público definida en el artículo anterior, tendrá los fines
siguientes:
a) Paso para el servicio del personal de vigilancia
del cauce.
b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca
fluvial.
c) Paso para el salvamento de personas o bienes.
d) Varado y amarre de embarcaciones de forma
ocasional y en caso de necesidad.
2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre
podrán libremente sembrar y plantar especies no
arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en
el apartado anterior; pero no podrán edificar sobre ellas
sin obtener la autorización pertinente, que se otorgará
en casos muy justificados. Las autorizaciones para
plantación de especies arbóreas requerirán autorización
del Organismo de Cuenca.»
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«Artículo 8. Por razones topográficas,
hidrográficas, o si lo exigieran las características de la
concesión de un aprovechamiento hidráulico, podrá
modificarse la zona de servidumbre. La modificación se
hará por causas justificadas de exigencia del uso público,
previa la tramitación de un expediente en el que se
oirá al propietario del terreno y, en su caso, al titular de
la concesión, determinándose la correspondiente indemnización
de acuerdo con la legislación de expropiación
forzosa, si procediera.»
«Artículo 9. 1. En la zona de policía de 100 metros
de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce
y con el fin de proteger el dph y el régimen de corrientes,
quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento
las siguientes actividades y usos del suelo:
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural
del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter
definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un
obstáculo para la corriente en régimen de avenidas, o
causa de degradación o deterioro del dph.
2. La modificación de los límites de la zona de policía,
cuando concurra alguna de las causas señaladas
en el Artículo 6.º de la LA, sólo podrá ser promovida por
la Administración del Estado, Autonómica o Local. La
competencia para acordar la modificación corresponderá
al Organismo de cuenca, debiendo instruir el oportuno
expediente en el que deberá practicarse el trámite
de información pública, y el de audiencia a los Ayuntamientos
y Comunidades Autónomas en cuyo territorio
se encuentren los terrenos gravados y a los propietarios
afectados.
La Resolución deberá ser publicada, al menos, en
el «Boletín Oficial» de las provincias afectadas.
3. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la
zona de policía de cauces precisará autorización administrativa
previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio
de los supuestos especiales regulados en este Reglamento.
Dicha autorización será independiente de cualquier
otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos
de las administraciones públicas».
«Artículo 10. 1. Podrán realizarse en caso de urgencia
trabajos de protección de carácter provisional en
las márgenes de los cauces. Serán responsables de
los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas
obras los propietarios que las hayan construido (Artículo
7 de la LA).
2. La realización de los citados trabajos en la zona
de policía deberá ser puesta en conocimiento del Organismo
de cuenca en el plazo de un mes, al objeto de
que éste, a la vista de los mismos y de las circunstancias
que los motivaron, pueda resolver sobre su legalización
o demolición.»
«Artículo 11. Las situaciones jurídicas derivadas
de las modificaciones naturales de los cauces se regirán
por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a
las modificaciones que se originen por las obras legalmente
autorizadas, se estará a lo establecido en la concesión
o autorización correspondiente (Artículo 8 de la
LA)».
El Capítulo III del Título I se refiere a los lagos, lagunas,
embalses y terrenos inundables.
«Artículo 12.1. Lecho o fondo de los lagos o lagunas
es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas
en que alcanzan su mayor nivel ordinario.
2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el
terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan
su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas
ordinarias de los ríos que lo alimentan (Artículo 9
de la LA)».
«Artículo 13. Las charcas situadas en predios de
propiedad privada se considerarán como parte integrante
de los mismos, siempre que se destinen al servicio
exclusivo de tales predios (Artículo 10 de la LA)».
«Artículo 14.1. Los terrenos que puedan resultar
inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos,
lagunas, embalses, ríos o arroyos conservarán la
calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieran.
2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las
limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime
necesarias para garantizar la seguridasd de las
personas y bienes. El Consejo de Gobierno de las Comunidades
Autónomas podrá establecer, además, normas
complementarias de dicha regulación (Artículo 11
de la LA).
3. Se consideran zonas inundables las delimitadas
por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas
en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea
de quinientos años, a menos que el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de
cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que
en cada caso resulte más adecuada al comportamiento
de la corriente.
El Capítulo IV del Título se refiere a los acuíferos
subterráneos.
«Artículo 15.1. Se entiende por acuíferos subterraneos,
terrenos acuíferos o acuíferos subterraneos aquellas formaciones
geológicas que contienen agua, o la han contenido y
por las cuales el agua puede fluir.
2. El dominio público de los acuíferos y formaciones
geológicas por las que circulan las aguas
subterraneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario
del fundo pueda realizar cualquier obra que no
tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del
agua ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad, con
la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 52 de
la Ley de Aguas (Artículo 12 de la LA)».
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Posteriormente el Capítulo II, Título II, prevé la existencia
de una serie de servidumbres en materia de
aguas (saca de agua y abrevadero, estribo de presa, parada
o partidor, acueducto y paso). El régimen jurídico de
las mismas lo encontramos, al margen de lo dispuesto
en el RDPH y la Ley de aguas, en el Código Civil.
El Capítulo II, Título II, Sección 3.ª, se ocupa de las
autorizaciones para la navegación y flotación.
«Artículo 55. Las autorizaciones para utilizar con fines
de navegación las aguas de las corrientes naturales,
de los lagos y lagunas y de los embalses serán
otorgadas por el Organismos de cuenca».
«Artículo 56. En las zonas colindantes a las playas
naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses donde
no estuviese expresamente prohibido el baño, no
precisará ningún tipo de autorización para el uso de
medios de flotación que, por su tamaño y características,
puedan ser considerados com complementarios
del baño».
«Artículo 57. Las autorizaciones para establecimiento
de embarcaderos, rampas, cables y demás instalaciones
precisas para la navegación o complementarias
de dicho uso se regirán por lo dispuesto en los
artículos 52. 53 y 54 del presente Reglamento».
«Artículo 58.1. A los efectos de este Reglamento,
toda embarcación que navegue por las aguas continentales
de una cuenca hidrográfica, con la excepción de
las previstas en el artículo 56, deberá ir provista de matrícula
normalizada.
2. Se eximirán de los requisitos de matriculación a
las embarcacioens a las que se autorice a navegar exclusivamente
con motivo de los descensos de ríos,
pruebas deportivas u otras ocasiones similares de carácter
esporádico».
«Artículo 59.1. Los beneficiarios de las autorizaciones
para navegar son responsables de que sus embarcaciones
cumplan con la legislación vigente en
cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad
de que deben disponer y buen estado de conservación
de aquéllas y éstos.
2. Las embarcaciones de propulsión a motor o
vela con eslora superior a cuatro metros deberán estar
aseguradas contra daños a terceros mediante la correspondiente
póliza de seguro. La autorización para
navegar, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez
fuera del periodo de vigencia de la póliza. Para el
resto de las embarcaciones queda a criterio del Organismo
de cuenca la exigencia de seguro».
«Artículo 60.1. Para el manejo o gobierno de las
embarcaciones será preciso estar en posesión del correspondiente
título expedido por el Organismo competente,
en aquellos casos en que sea preceptivo de
acuerdo con la clase de embarcación.
2. El beneficiario de una autorización de navegación
otorgada para el uso de una pluralidad de
embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia
del título de quienes la manejen».
«Artículo 61. Las autorizaciones para la navegación
recreativa en embalses se condicionarán, como
exige el artículo 70 de la Ley de Aguas, atendiendo a los
usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo
su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe, del modo que se prescribe en los
artículos siguientes de este Reglamento».
«Artículo 62.1. En aquellos lagos, lagunas, embalses
o ríos en los que los usos recreativos de navegación
y baños alcancen suficiente grado de desarrollo, el
Organismo de cuenca correspondiente podrá fijar las
zonas destinadas a navegación, fondeo y acceso a embarcaderos,
que se balizarán adecuadamente, así
como aquellas en las que se prohiba la navegación por
peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o
proximidad de tomas de abastecimiento, azudes, presas
y órganos de desagüe de las mismas.
2. En el supuesto de que la zona por balizar sea
utilizada para la navegación por una o más personas físicas
o jurídicas que dispongan de instalaciones previstas
para este usos, se podrá obligar a cada una de
ellas a que realice por su cuenta el balizamiento de las
zonas correspondientes a sus fondeos y mangas. El
coste de balizamiento en la zona común podrá ser repercutido
sobre las mismas, en proporción al canon
que corresponda al conjunto de embarcaciones que
hagan uso de cada instalación».
«Artículo 63. 1. Las autorizaciones de navegación
no supondrán un monopolio ni preferencia de clase alguna
a favor del beneficiario y se otorgarán a precario,
pudiendo ser revocadas o suspendidas temporalmente
por la Administración por razones de seguridad, salubridad
u otros motivos justificados, sin que el beneficiario
de las mismas tenga derecho a indemnización alguna.
2. Las autorizaciones para la navegación por las
aguas continentales quedarán sometidas al canon por
utilización del dominio público hidráulico a que se refiere
el artículo 104 de la Ley de Aguas».
«Artículo 64. Los organismos de cuenca clasificarán
los lagos, lagunas y embalses comprendidos dentro
de sus respectivos ámbitos geográficos con acuerdo
a las posibilidades que presenten para la
navegación a remo, vela y motor, así como para el uso
de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta,
además de sus características naturales y de acceso,
las limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad
de dichos usos con el destino de las aguas, el régimen
de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias
que puedan condicionarlos».
«Artículo 65. Cualquier alteración sobrevenida en
las obras, instalaciones o entorno de un embalse y
que, de forma permanente o temporal, pueda repercutir
en los usos de baños de navegación o modificar las
limitaciones establecidas, deberá ser comunicada de
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inmediato al Organismo de cuenca correspondiente
por el responsable de la explotación del embalse».
«Artículo 66. Los Organismos de cuenca podrán
establecer un sistema de clasificación, similar al de lagos,
lagunas y embalses, para aquellos tramos de ríos
en que resulte conveniente a la vista de sus condiciones
de navegabilidad. La clasificación podrá ser revisada,
así como ampliada o reducida en su ámbito, teniendo
en cuenta las estadísticas de navegación en los
años precedentes».
«Artículo 67.1. Las autorizaciones de flotación fluvial
para el transporte de madera por piezas sueltas o con
almadías se solicitarán por escrito del Organismo de
cuenca correspondiente, indicando en la instancia, además
de los datos para la identificación del peticionario,
los siguientes: Tramo o tramos de río que se pretende
utilizar, especificando su principio y su final, relación de
azudes, tomas de aguas y demás obstáculos existentes
en el tramo, con indicación de sus características y, en
su caso, sistema que se propone para salvarlos, número
y dimensiones de las piezas o de las almadías, y fechas
en que se vayua a llevar a cabo la flotación.
2. El trámite se ajustará a lo dispuesto en los artículos
52, 53 y 54 de este Reglamento».
«Artículo 68. El beneficiario será responsable de
cuantos daños se puedan producir al dominio público
hidráulico y a los bienes de particulares o del Estado
que puedan existir en el tramo objeto de la flotación.
Para responder de ellos y antes de iniciar estas actividades,
prestará fianza en la cuantía que, en cada caso
concreto, fije la Administración, la cual será devuelta si
no se hubieran producido daños».
En cuanto a las autorizaciones para el establecimiento
de barcas de paso y sus embarcaderos habrá
que estar a lo establecido en el artículo 69.
«Artículo 69.1. Para obtener autorización para barcas
de paso, incluidos sus embarcaderos, se formulará
la petición en los términos señalados en el artículo 52.
2. A dicha petición se unirá la siguiente documentación:
a) Proyecto suscrito por técnico competente.
En el supuesto de que no existan cables en las
instalaciones y no esté previsto el transporte de vehículos
a motor, se podrá sustituir el proyecto por planos del
embarcadero y una memoria descriptiva y justificativa de
las instalaciones y de la embarcación, de la cual deberán
quedar definidas como mínimo las siguientes características:
Eslora, manga , puntal, desplazamiento en
lastre y en carga, cabida máxima de personas, tipo de
propulsión y potencia en su caso, y material de que ésta
construido el casco.
b) Si se destinan al servicio público, el Reglamento
de explotación.
3. La tramitación será la prevista en los artículos
53 y 54 del presente Reglamento, pero se podrá
suprimir la información pública en el caso de que no
se prevea el uso público de la embarcación y que,
por las características de la instalación, no sea preceptiva
la presentación del proyecto.
4. Se otorgará, simultáneamente con la autorización
de las instalaciones, la relativa a la navegación,
que se sujetará a las normas previstas para este uso
en el presente Reglamento».
La Sección 5.ª del mismo Capítulo se ocupa de
otras autorizaciones.
«Artículo 70. 1. La utilización o aprovechamiento
por los particulares de los cauces o de los bienes situados
en ellos requerirá la previa concesión o autorización
administrativa.
2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones
para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación
arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes
o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para
baños públicos, se considerará la posible incidencia
ecológica desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas
garantías para la restitución del medio (Artículo 69
de la LA)».
«Artículo 71. Las autorizaciones para siembras,
plantaciones y corta de árboles en terrenos de dominio
público hidráulico, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos
52, 53 y a las siguientes normas:
1. Se concretará expresamente la extensión superficial
de la siembra o plantación en hectáreas, sus límites,
tipo de arbolado y densidad. En el caso de cortas,
el peticionario deberá señalar además si realizó
personalmente la plantación o si tiene permiso del que
la hizo para llevarlas a cabo. Si se tratara de árboles nacidos
espontáneamente, indicará la cantidad de madera
medida en metros cúbicos.
2. A la petición se unirá la siguiente documentación:
a) Plano a escala de la zona, si la superficie fuera
igual o superior a una hectárea.
b) Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectárea.
c) En su caso, documento justificativo de que el
peticionario realizó la plantación o cuenta con autorización
del que la hizo».
«Artículo 72. 1. En el anuncio de la información pública,
si se trata de autorizaciones de siembra, plantaciones
o de corta de árboles nacidos espontáneamente,
se advertirá la posibilidad de presentar peticiones en
competencia e incompatibles con la petición inicial.
2. En el caso de que se formularan peticiones en
competencia con la inicial e incompatibles con ella, se
resolverá sobre la base de dar preferencia al propietario
colindante con el cauce, salvo que se haya presentado
petición en competencia por alguna entidad pública
y para fines de utilidad pública, en cuyo caso se dará
preferencia a la misma. Si la adjudicación no se hiciera
a favor del peticionario inicial, el adjudicatario vendrá
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obligado a indemnizar al primero los gastos realizados,
debidamente justificados.
3. Las autorizaciones para siembras y plantaciones
se otorgarán por un plazo máximo igual al del ciclo
vegetativo de la especie correspondiente.
4. Al amparo de estas autorizaciones no se podrán
llevar a cabo, en ningún caso, obras de movimientos de
tierras que alteren la sección del cauce o su configuración.
5. La corta de árboles nacidos espontáneamente
quedará sometida al canon de utilización de los bienes
de dominio público hidráulico, establecido en el artículo
104 de la LA.
6. Los derechos del beneficiario, en caso de revocación,
se limitarán al aprovechamiento de los árboles
o plantas en el estado en que se encuentren al producirse
aquélla».
«Artículo 73. Las autorizaciones para utilización de
pastos en el dph seguirán los trámites señalados en los
Artículo 52 y 53 con las siguientes especialidades: 1. A la
petición se unirá documentación análoga a la señalada
en el artículo 71 para las plantaciones y cortas.
2. La información pública se practicará solamente
con inserción de anuncios en los Ayuntamientos en
que radique el aprovechamiento.
3. Estas autorizaciones se otorgarán por un plazo
máximo de dos años.
4. Las autorizaciones para pastos, salvo que la
Administración lo considere necesario para una mejor
explotación, no se otorgarán con carácter de exclusividad
».
«Artículo 74. Las autorizaciones para establecimientos
de baños o zonas recreativas y deportivas en
los cauces públicos o sus zonas de policía serán tramitadas
de acuerdo con lo dispuesto en los Artículo 52 y
53 de este Reglamento. Además regirán las siguientes
prescripciones:
1. La documentación técnica incluirá, como mínimo,
planos y memoria explicativa y justificativa de las
obras e instalaciones, señalando en aquellos la posición
relativa de éstas respecto a las tomas de agua
para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de
desagüe, que queden a distancia inferior a 500 metros.
2. En el caso de que se trate de instalaciones deportivas
entre cuyos fines se incluya la navegación en
ríos o embalses, la documentación técnica incluirá,
además de los datos correspondientes a los embarcaderos,
una propuesta de balizamiento de las zonas
dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso, así
como de aquéllas en las que se habrá de prohibirse la
navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad
de las aguas, proximidad a las instalaciones propias
de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento
u otras causas. Este balizamiento correrá a cargo del
peticionario.
3. En estas autorizaciones se establecerá el trámite
de competencia de peticiones.
4. El plazo de estas autorizaciones será como
máximo de veinticinco años.
5. Las autorizaciones para navegación de las embarcaciones
que pretendan hacer uso de las instalaciones
a que se refiere este artículo se tramitarán de forma
independiente y de acuerdo con lo previsto en los Artículo
55 al 66 de este Reglamento».
«Artículo 75. 1. Las extracciones de áridos en terrenos
de dominio público que no pretendan el uso exclusivo
de un tramo precisarán autorización administrativa,
que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en
los Artículo 52 y 53 de este Reglamento.
2. En la petición se concretarán: Cauce, zona de
extracción y término municipal, emplazamiento de las
instalaciones de clasificación y acopio, puntos de salida
y acceso a la red de carreteras, volumen en metros cúbicos
y plazo en que ha de realizarse la extracción, medios
que se utilizarán en ésta y en el transporte y tarifas
de venta, en su caso.
3. A la petición reseñada se unirá la siguiente documentación:
Para extracción de más de 20.000 m3: Proyecto
suscrito por técnico competente.
Para extracciones comprendidas entre 20.000 m3
y 500 m3: Memoria descriptiva de la extracción, en la
que se justificará que el desarrollo de los trabajos está
orientado al encauzamiento y mejor desagüe del río,
contribuyendo a la minoración de las inundaciones
marginales, planos de situación y topográfico de la
gravera y perfiles transversales de ésta con sus
cubicaciones.
Para extracciones inferiores a 500 m3: Croquis de
situación y de la gravera, este último acotado.
4. El plazo por el que se otorguen estas autorizaciones
será proporcionado al volumen de la extracción,
sin que pueda exceder de un año, pudiendo ser prorrogado
por otro año previa petición justificada. Podrá
prescindirse del trámite de información pública en las
extracciones inferiores a 5.000 m3.
5. En estas autorizaciones se ponderará su incidencia
sobre la riqueza piscícola. Cuando la extracción
se pretenda realizar en los tramos finales de los ríos y
pueda ocasionar efectos perjudiciales en las playas o
afecte a la disponibilidad de áridos necesarios para su
aportación a las mismas, será preceptivo el informe del
Organismo encargado de la gestión y tutela del dominio
público marítimo, al que se dará después traslado
de la resolución que se adopte.
6. Los beneficiarios de estas autorizaciones, antes
de iniciar los trabajos, vendrán obligados a constituir
una fianza o aval para responder de los posibles daños
al dominio público hidráulico. El importe de esta fianza
o aval será de cuantía igual al importe del canon y,
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como mínimo, de 5.000 pesetas. Se podrá eximir de
esta fianza en las extracciones inferiores a 500 metros
cúbicos. La fianza será devuelta, una vez terminados los
trabajos de extracción, si no se han producido aquellos
daños».
«Artículo 76. 1. Las solicitudes de autorización
para derivaciones de agua de carácter temporal que no
pretendan un derecho al uso privativo de ella, deberán
hacer constar todos los datos necesarios para la adopción
de la correspondiente resolución y deberán ir
acompañadas de un croquis detallado de las obras de
toma y del resto de las instalaciones y de una memoria
descriptiva de unas y otras, en la que deberá justificarse
el caudal solicitado y la no afección sensible a otros
aprovechamientos preexistentes.
2. El Organismo de cuenca podrá recabar del interesado
la presentación de un proyecto justificativo de
las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente,
si por su importancia lo considerase necesario y,
una vez haya estimado suficiente la documentación
aportada, contrastará la compatibilidad de la petición
con las disposiciones del Plan Hidrológico.
3. En el caso de que la solicitud se estime compatible
con las previsiones del Plan, se concederá sin
más trámites la autorización, que no podrá otorgarse
por un plazo superior a dos años, en la que se hará
constar que se concede a precario, pudiendo quedar revocada
si el Organismo de cuenca lo cree conveniente
para una mejor gestión del DPH.
«Artículo 77. 1. A los efectos de este Reglamento,
la tramitación y contenido de las eventuales autorizaciones
de la utilización de embalses o tramos de río por
hidroaviones, se acomodará a lo previsto en este capítulo,
siempre que sea compatible con la naturaleza y finalidad
de la utilización.
2. Serán de aplicación a las autorizaciones no
específicamente reguladas en este capítulo las disposiciones
del mismo, acordes con su naturaleza y finalidad.
3. En ningún caso se autorizarán dentro del DPH la
construcción, montaje o ubicaciones de instalaciones
destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter
provisional o temporal».
La Sección 6.ª se refiere a las autorizaciones en
zona de policía.
«Artículo 78. 1. Para realizar cualquier tipo de
construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la
autorización previa al Organismo de cuenca, a menos
que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana,
otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de
obras de la Administración, hubieran sido informados
por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las
oportunas previsiones formuladas al efecto.
2. A la petición referida se unirá plano de planta
que incluya la construcción y las márgenes del cauce,
con un perfil transversal por el punto de emplazamiento
de la construcción más próximo al cauce, en el que quedarán
reflejadas las posibles zonas exentas de edificios.
3. La tramitación será la señalada en los Artículo
52 al 54 de este Reglamento.
4. Los Organismos de cuenca notificarán al Ayuntamiento
competente las peticiones de autorización de
construcción de zona de policía de cauces, así como
las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos
del posible otorgamiento de la correspondiente licencia
de obras».
«Artículo 79. Para la ejecución de obras de defensa
o nivelaciones de terrenos, caminos rurales, acequias
y drenajes en zona de policía que alteren sensiblemente
el relieve natural, la petición, documentación y
trámites se ajustarán a los Artículo 52 al 54».
«Artículo 80. Las extracciones de áridos en zonas
de policía de cauces, sin perjuicio de lo establecido en
la legislación de Minas, sólo podrán ser otorgadas al
propietario de la finca o a personas que gocen de su
autorización. Se tramitarán de acuerdo con lo señalado
en los Artículo 52 al 54, con las peculiaridades propias
del caso y con las salvedades siguientes:
a) Se suprimirá en la documentación técnica todo
lo referente a cubicaciones.
b) En la misma documentación se hará resaltar
cuanto corresponda a la realización de los trabajos en
relación con las márgenes y sus refuerzos con el fin de
evitar la desviación del cauce como consecuencia de la
depresión causada con las extracciones. Igualmente se
estudiará la posible reposición del hueco con productos
sobrantes de la extracción u otros materiales».
«Artículo 81. La autorización de cualquier otra actividad
a que hace referencia el apartado d) del artículo
9.º de este Reglamento se tramitará por el Organismo
de cuenca de acuerdo con lo dispuesto en los Artículo
52 al 54».
«Artículo 82. 1. Las acampadas colectivas en zona
de policía de cauces públicos que, de acuerdo con la
legislación vigente, necesiten autorización de los Organismos
competentes en materia de regulación de campamentos
turísticos, habrán de ser autorizadas por el
Organismo de Cuenca, (OC), previa la correspondiente
petición formulada por el interesado, al menos con un
mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la
acampada.
2. Esta autorización señalará las limitaciones a
que habrá de sujetarse la acampada, en lo referente a
los riesgos para la seguridad de las personas o de
contaminación de las aguas por vertidos de residuos
sólidos o líquidos».
En el Título II, Capítulo I, Sección 3.ª, encontramos
las Zonas de protección.
«Artículo 243. 1. A fin de proteger adecuadamente
la calidad del agua, el Gobierno podrá establecer
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alrededor de los lechos de lagos, lagunas y embalses,
definidos en el Artículo 9 de la LA, un área en la
que se condicionará el uso del suelo y las actividades
que se desarrollen.
2. Alrededor de los embalses superficiales, el OC
podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio necesarias
para su explotación.
3. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas
y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre
y policía fijadas para las corrientes de agua (Artículo
88 de la LA)».
«Artículo 244. 1. La protección de las aguas subterráneas
frente a intrusiones de aguas salinas de origen
continental o marítimo se realizará, entre otras acciones,
mediante la limitación de la explotación de los acuíferos
afectados y, en su caso, la redistribución espacial de las
captaciones existentes. Los criterios básicos para ellos
serán incluidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca,
correspondiendo al OC la adopción de las medidas
oportunas (Artículo 91 de la LA).
2. El OC podrá declarar que un acuífero o zona
está en proceso de salinización y con ello imponer una
ordenación de todas las extracciones de agua para lograr
su explotación más racional.
3. Se considerará que un acuífero o zona está en
proceso de salinización cuando, como consecuencia
directa de las extracciones que se realicen, se registre
un aumento progresivo y generalizado de la concentración
salina de las aguas captadas, con peligro claro de
convertirlas en inutilizables.
4. El procedimiento para la adopción del acuerdo y
para las subsiguientes actuaciones será similar al que
se establece para la declaración de acuíferos
sobreexplotados en este Reglamento, con las modificaciones
que en cada caso la Junta de Gobierno estime
procedentes en lo referente a los efectos de la declaración
provisional y a los plazos estipulados para la ejecución
del Plan de Ordenación de las extracciones»
c) Esquema competencial.
Los artículos 149.1.22.ª y 148.1.10.ª de la Constitución
determinan el reparto competencial. Así, el artículo
149.1.22ª atribuye al Estado competencia exclusiva sobre
«la legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma».
El artículo 148.1.10.ª permite a las Comunidades
Autónomas asumir competencias sobre «los proyectos,
construcción y explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma; las aguas minerales y termales».
Por su parte el articulo diez del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia establece la competencia
de la Comunidad Autónoma en los siguientes términos;
Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia
la competencia exclusiva en las siguientes materias:
g) Proyectos de construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadío de interés
para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce
integral de las aguas se halle dentro de su territorio.
Las aguas minerales y termales.
La STC 227/1988, fundamental en esta materia,
comienza su pronunciamiento recordando que los artículos
148.1.10.ª y 149.1.22.ª son las específicas referencias
constitucionales en materia de aguas.
El Fundamento jurídico 14, por lo que respecta a
las aguas continentales, reconoce la facultad del Estado
para proceder a la demanialización de los recursos
hidráulicos de conformidad con el Artículo 132 de la
Constitución. Esta facultad del Estado tiene su fundamento
en los Artículo 149.1.8.ª CE y 149.1.1.ª
El Fundamento jurídico 15 analiza el artículo
149.1.22.ª De acuerdo con el mismo no es inconstitucional
que «la Ley de Aguas utilice como criterio territorial
para el ejercicio de las competencias del Estado en
materia de aguas continentales el de cuenca
hidrográfica que exceda de una Comunidad Autónoma
», pero el criterio territorial consagrado en el artículo
149.1.23.ª, no es el único que debe tenerse en cuenta
porque el artículo 148.1.10.ª recoge el criterio del interés
comunitario «que no es necesariamente coincidente
con el criterio territorial de la cuenca hidrográfica, y
que debe ser concretado en cada caso».
Por último, aunque el Estatuto de Autonomía atribuya
competencias exclusivas sobre las aguas subterráneas,
la STC 227/1988 declara, en su fundamento jurídico
16, que:
«el mismo criterio territorial de delimitación de
competencias puede aplicarse a las aguas subterráneas,
siempre que se trate de aguas renovables integradas
en la red de cauces confluyentes en una misma
cuenca, y en tal sentido deben interpretarse las referencias
a las aguas subterráneas que se contienen en los
Estatutos de Autonomía...».
Artículo16. Red eléctrica.
a) Legislación.
Habrá que tener en cuenta, entre otras:
- la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación
Forzosa (EF) y servidumbre de paso para instalaciones
eléctricas.
- El Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, que
aprobó el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas.
- El Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre
Normas para otorgamiento de autorización administrativa
en materia de instalaciones eléctricas.
- El Decreto 2.413/1973, de 20 de septiembre, que
aprobó el Reglamento electrotécnico para baja tensión,
- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, que aprobó el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
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Sin perjuicio de las repercusiones del actual esquema
competencial, que analizaremos seguidamente,
cabe destacar la incidencia en esta materia de la normativa
autonómica medio ambiental, y en concreto, de
la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia.
b) Afecciones territoriales.
En relación con la Ley 10/66, de 18 marzo, sobre
EF y servidumbre de paso para instalaciones, podemos
destacar lo siguiente:
«Artículo 1.º 1. La expropiación forzosa de bienes y
derechos y la imposición de servidumbre de paso de
energía eléctrica para el establecimiento de instalaciones
de producción, transformación, transporte y distribución
de dicha energía, cuando ésta se destine al servicio
público, se regirán por la presente ley, por el
Reglamento para su aplicación, y para lo no previsto en
ellos, por la LEF de 16 de diciembre de 1.954, y su Reglamento
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957
(núms. 12531 y 12533).
2. La expropiación forzosa de bienes o derechos
en materia de aprovechamientos hidroeléctricos continuará
rigiéndose por la LEF de 16 de diciembre de
1954 y su Reglamento de 26 de abril de 1957 y por las
disposiciones especiales aplicables.
Artículo 3.º La servidumbre de paso de energía eléctrica
gravará los bienes, ajenos en la forma y con el alcance
que se determinan en esta ley, y se regirá por lo dispuesto
en la misma, por las disposiciones de carácter
reglamentario que le sean aplicables y, supletoriamente,
por el Código Civil (arts. 530 y sigts. n.º 28139).
Artículo 4.º 1. La servidumbre de paso aéreo de
energía eléctrica comprende, además del vuelo sobre el
predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o
apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores
de energía.
2. La servidumbre de paso subterráneo comprende
la ocupación del subsuelo por los cables conductores,
a la profundidad y con las demás características
que señalen los Reglamentos así como las Ordenanzas
Municipales.
3. Una y otra formas de servidumbre comprenderán
igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación
temporal de terrenos u otros bienes necesarios
para atender a la vigilancia, conservación y reparación
de la misma. Se aplicarán con arreglo a los Reglamentos
las condiciones de toda clase y limitaciones que deban
imponerse por razón de seguridad.
Artículo 5.º 1. Cuando la servidumbre haga
antieconómica la explotación del predio sirviente, el propietario
podrá hacer uso del mismo derecho que en
caso de expropiación le confiere el artículo 23 de la LEF
(n.º 12531).
2. En caso de que existan motivos de interés público
o en orden técnico, se podrán expropiar a petición de
la empresa interesada los bienes y derechos necesarios
para el establecimiento, conservación y vigilancia
de las instalaciones.
Artículo 6.º No podrá imponerse servidumbre de
paso para las líneas de alta tensión:
a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros
escolares, campos deportivos cerrados y jardines y
huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya
existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre
que la extensión de los huertos y jardines sea inferior
a media hectárea.
b) Sobre cualquier género de propiedades particulares,
si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación
de trazado superior a la que reglamentariamente
se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de las Provincias
y de los Municipios, o siguiendo linderos de fincas
de propiedad privada.
La indicada posibilidad técnica será apreciada por
el Ministerio de Industria, previo informe del Departamento,
Organismo o Corporación a quien pertenezcan o
estén adscritos los bienes que resulten afectados por
la variante, y con audiencia de los propietarios particulares
interesados.
Artículo 7.º 1. Conforme a lo dispuesto en el párrafo
2.º del Artículo 545 del Código Civil (n.º 28139), la servidumbre
de paso de energía eléctrica no impide al
dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él,
dejando a salvo dicha servidumbre. Podrá el dueño solicitar
el cambio del trazado de la línea, si no existen dificultades
técnicas, y corriendo a su costa los gastos de
la variación.
2. La variación del tendido como consecuencia de
proyectos o planes aprobados por la Administración
comportará el pago del coste de dicha variación y de los
perjuicios ocasionados.
Artículo 8.º Se declaran de utilidad pública las instalaciones
eléctricas comprendidas en el Artículo 1.º de
esta Ley, a los efectos de EF de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de energía eléctrica.
Artículo 10. 1. La declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso la de necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados.
2. Igualmente llevará implícita la autorización para
el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimoniales
del Estado; o de uso público, propios o comunales
de la Provincia o Municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.
3. Para la imposición de servidumbre de paso sobre
bienes patrimoniales del Estado y montes de utilidad
pública no será necesario cumplir lo dispuesto sobre
imposición de gravámenes en dichos bienes por
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las Leyes del Patrimonio del Estado y de Montes (núm.
23419 y 21569).
Artículo 11.º 1. La declaración de urgente ocupación
de los terrenos necesarios para el establecimiento
de las instalaciones a que se refiere el Artículo 1º de
esta Ley, se acomodará a lo dispuesto en el Artículo 52
de la LEF, si bien la documentación exigible podrá limitarse
o reducirse en la forma que reglamentariamente
se determine.
2. Una vez obtenida la declaración mencionada se
procederá en la forma establecida en los Artículo 52 de
la LEF y 56 y 59 de su Reglamento (núm. 12531 y
12533).
Artículo 13.º Cuando las instalaciones eléctricas
hayan de establecerse en el interior de las poblaciones
o en sus zonas de ensanche ya aprobadas, la determinación
de la forma y condiciones a que habrán de acomodarse
aquéllas será competencia de los Ayuntamientos
respectivos, sin perjuicio de la que
corresponde a los Ministerios de Industria y de Obras
Públicas, según el Artículo 2.º de esta Ley y demás disposiciones
aplicables. En estos casos se dará cumplimiento
a las Ordenanzas Municipales y planes de ordenación
urbana correspondientes».
El Artículo 15 del Decreto 2.617/1966 establece las
normas para otorgamiento de autorización administrativa
en materia de instalaciones eléctricas señala:
«Artículo 15.º Instalaciones en poblaciones o zonas
de ensanche.- Cuando las instalaciones eléctricas
hayan de establecerse en el interior de las poblaciones
o en sus zonas de ensanche ya aprobadas, el titular de
la instalación deberá acomodarse a las condiciones
que señale el Ayuntamiento respectivo, de conformidad
con las Ordenanzas Municipales y planes de ordenación
urbana legalmente aprobados, sin perjuicio de la
competencia que corresponde a los Ministerios de Industria
y Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2.º de la Ley 10/1996, de 18 de
marzo (n.º 10104), sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y demás disposiciones
aplicables».
El Decreto 54/1990, de 26 de marzo, que aprueba
el Nomenclátor de actividades molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas, incluye entre las mismas la producción
de energía eléctrica.
c) Esquema competencial.
La Constitución, en su Artículo 148.1.13 establece
que las Autonomías podrán asumir competencias en
materia de fomento del desarrollo económico dentro de
los objetivos de la política económica nacional y en el
Artículo 149.1. 13 y 25 reserva al Estado la competencia
exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica y sobre las
bases del régimen minero y energético.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece
en su artículo once e), en el marco de la legislación
básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de régimen minero y energético.
Artículo 17. Red de saneamiento. Depuración.
a) Legislación.
Fundamentalmente, el Decreto 2.414/1961, de 30
de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de aguas, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el
RDL 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local.
Hay que tener en cuenta la Ley 1/1995, de Protección
del Medio Ambiente de la Región de Murcia, en su
parte vigente tras la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo
de la Región de Murcia.
b) Esquema competencial.
Con carácter previo hemos de señalar que los municipios
ostentan, de acuerdo con la legislación básica
de régimen local, importantes atribuciones en la depuración
de las aguas. Además, aquellos que tengan más
de cinco mil habitantes deben organizar servicios de alcantarillado.
La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, ha impuesto nuevas responsabilidades
a los municipios de la Comunidad Europea con
un calendario de obligaciones muy preciso: Los núcleos
con más de 2000 habitantes han de contar, antes
del 31 de diciembre del año 2005, con un tratamiento
secundario de depuración de sus aguas residuales.
Artículo 18. Vertedero de residuos sólidos urbanos.
RSU.
a) Legislación.
Constituida por la Ley 42/1975, de 19 de noviembre
de recogida y tratamiento de los desechos, y RSU,
modificada por el RD. 1.163/1986, de 13 de junio, el Decreto
2.414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, y el Decreto 2.183/1968,
de 16 de agosto, que regula la aplicación del Reglamento
anterior en zonas de dominio público.
Tienen incidencia en esta materia la Ley 1/1995,
de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia,
en su parte vigente tras la Ley 1/2001, de 24 de
abril, del Suelo de la Región de Murcia.
b) Afecciones territoriales.
En relación con la legisación estatal, hemos de tener
en cuenta las afecciones que resultan de la Ley 42/
1975, sin perjuicio de que las referencias que en la
misma se hacen a los aspectos competenciales hayan
de ser interpretadas en la actualidad de conformidad
con lo que resulta del esquema que analizamos en el
apartado siguiente. Hecha esta precisión podemos
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destacar los siguientes preceptos integrados en el capítulo
II, relativo a la eliminación de residuos, y Capítulo III
dedicado al aprovechamiento de recursos:
«Artículo 3.º» 1. La eliminación de los RSU deberá
llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para
el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje,
las contaminaciones del aire y las aguas y, en general,
todo lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio
ambiente que lo rodea.
2. Los productores o poseedores de RSU deberán,
salvo lo dispuesto en esta Ley, ponerlos, en las
condiciones que determinen las ordenanzas municipales,
a disposición del Ayuntamiento, que adquirirá la
propiedad de los mismos desde la entrega y recogida.
Dichas personas quedarán exentas de responsabilidad
por los daños que puedan causar tales desechos o residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado
las citadas ordenanzas y demás normas legales.
3. Los Ayuntamientos están obligados a hacerse
cargo de todos los RSU que se produzcan en el territorio
de su jurisdicción, con las excepciones señaladas
en esta Ley. Cuando el Ayuntamiento considere que los
RSU presentan características que los hagan tóxicos o
peligrosos, de acuerdo con los informes técnicos emitidos
por los Organismos competentes, exigirá al productor
o poseedor de los mismos que, previamente a
su recogida, realice un tratamiento para eliminar o reducir
en lo posible estas características o que los deposite
en forma y lugar adecuados. Los productores o poseedores
de RSU que por sus características
especiales puedan producir trastornos en el transporte
y tratamiento, quedan obligados a proporcionar a los
Ayuntamientos información, completa sobre su origen,
cantidad y características (..).
5. En caso de que el productor o poseedor de RSU
los entregue a persona física o jurídica que no posea la
debida autorización, deberá responder solidariamente con
ésta de cualquier perjuicio que se produzca por causa de
aquéllos y de las sanciones que proceda imponer de conformidad
con lo establecido en la presente Ley y en la Ordenanza
municipal correspondiente, en su caso».
«Artículo 4. 2. Los productores o poseedores de
residuos podrán conservarlos adecuadamente o constituir,
individual o colectivamente, sus propios depósitos
o vertederos, así como proceder a su tratamiento, previa
obtención de la oportuna licencia municipal según lo
establecido en la Ley.
3. Cuando se trate de productores o poseedores
de residuos sólidos industriales, de la construcción o
de los comprendidos en alguno de los supuestos especiales
previstos en el apartado 3 del Artículo 3º, los
Ayuntamientos podrán imponer a aquellos por motivos
justificados en la obligación de constituir depósitos o
vertederos propios o proceder a su eliminación de
acuerdo con lo establecido en esta Ley».
«Artículo 5.º 1. El establecimiento y formación de
un depósito o vertedero controlado deberá realizarse en
lugar apropiado de acuerdo con un proyecto autorizado
por el Ayuntamiento cuando se trate de vertederos o depósitos
particulares, o por la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos u Organismo competente en el caso
de vertederos municipales. Cuando un municipio, por
no disponer de lugar adecuado dentro de su término,
se vea precisado a situar un vertedero o depósito fuera
del mismo, deberá obtener la correspondiente licencia
municipal. A falta de acuerdo entre los municipios afectados,
el Ministerio podrá autorizar su instalación en el
lugar que resulte más adecuado, fijando las condiciones
en que deba efectuarse.
2. Los depósitos o vertederos tendrán la consideración
de actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa
y las licencias necesarias para su instalación se tramitarán
de acuerdo con lo previsto en las normas que
regulan dichas actividades y con lo establecido en la
presente ley.
3. Cuando las características del proyecto merezcan
especial atención ante la posible contaminación de
recursos del subsuelo, la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos solicitará informe del ITGE, en el marco
de su competencia. Si la naturaleza o ubicación del vertedero
estuviera relacionada o pudiera afectar especialmente
a las competencias de otros Organismos, la Comisión
Provincial podrá recabar, si lo estima
conveniente, informe de los mismos.
4. Todo depósito o vertedero de RSU que no haya
sido previamente autorizado será declarado clandestino
e inmediatamente clausurado, impidiéndose su utilización
y pudiéndose obligar al responsable a la eliminación
de lo depositado y en su caso realizarlo el
Ayuntamiento a cargo de aquél, todo ello sin perjuicio
de las sanciones previstas en esta Ley.
5. Cuando los Ayuntamientos pretendan instalar
un depósito o vertedero municipal en terrenos de propiedad
particular, su elección se efectuará mediante
concurso público».
«Art 7. 2. Las instalaciones industriales de aprovechamiento
tendrán la calificación de actividad molesta,
insalubre, nociva o peligrosa y requerirán la licencia municipal
y la correspondiente autorización de la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria».
«Artículo 10. 1. A los efectos de aplicación de la
LEF se declara de utilidad pública el tratamiento de los
desechos y RSU.
2. En el caso de aprovechamiento de desechos o
residuos, la declaración de utilidad pública irá implícita
en el otorgamiento de la autorización.
3. El titular de la autorización tendrá derecho a la
ocupación temporal de aquellos terrenos que sean necesarios
para proceder a la retirada de los desechos o
residuos durante el tiempo imprescindible a estos
efectos.
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4. La tramitación de los expedientes de EF y ocupación
temporal, se llevará a cabo conforme a las disposiciones
de la LEF en todo lo no previsto en esta
ley».
Los Anexos de la Ley 1/1995, de Protección del
Medio Ambiente de la Región de Murcia, incluyen entre
los proyectos sujetos a EIA los relativos a vertederos,
alamacenamiento y plantas de tratamiento de residuos
sólidos urbanos industriales, tóxicos y peligrosos,
agropecuarios y hospitalarios.
c) Esquema competencial.
El Artículo 149.1. 23.ª de la Constitución recoge
entre las competencias exclusivas del Estado la relativa
a la legislación básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de
protección, señalando el Artículo 148.1.9.ª que éstas podrán
asumir competencias en materia de gestión de la
protección del medio ambiente.
El artículo trece del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia señala que en el marco de la legislación
básica del estado, en los términos y por alguno de
los procedimientos señalados en el apartado dos de
este artículo, la competencia de la Comunidad Autónoma
para la creación de normas adicionales de protección
del medio ambiente.
Artículo 19. Yacimientos paleontológicos y
arqueológicos.
a) Legislación.
Destacar en esta materia la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Hitórico Español, el Real Decretpo
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
Ley anterior, y la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestre, que ha venido a derogar y sustituir a la Ley
de 2 de mayo de 1975.
b) Afecciones territoriales.
A la hora de exponer las afecciones tomaremos
como base la Ley 13/1985, de 25 de junio, del PHE, precisando
que los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos forman parte del Patrimonio Histórico,
como resulta del Artículo 1 de la Ley 13/1985
«Art 1. 2. Integran el PHE los inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico; el patrimonio
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines
y parques, que tengan valor artístico, histórico o
antropológico.
3. Los bienes más relevantes del PHE deberán
ser inventariados o declarados de interés cultural en los
términos previstos en esta Ley».
El Artículo 13.2 establece para los bienes declarados
de interés cultural, BIC:
«2. Los propietarios y, en su caso, los titulares de
derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean
por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar
su inspección por parte de los Organismos competentes,
su estudio a los investigadores, previa
solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las
condiciones de gratuidad que se determinen
reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en
días y horas previamente señalados.
El cumplimiento de esta última obligación podrá
ser dispensado total o parcialmente por la Administración
competente cuando medie causa justificada. En el
caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar
como obligación sustitutoria el depósito del bien en un
lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad
y exhibición durante un período máximo de cinco
meses cada dos años».
En relación con los bienes inmuebles, en general,
y Zonas Arqueológicas, en particular, cabe destacar los
siguientes preceptos:
«Artículo 16. 1. La incoación de expediente de declaración
de interés cultural respecto de un bien inmueble
determinará la suspensión de las licencias municipales
de parcelación, edificación o demolición en las
zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran
de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas
precisarán en todo caso, autorización de los
Organismos competentes.
2. La suspensión a que hace referencia el apartado
anterior dependerá de la resolución o caducidad del
expediente incoado».
«Artículo 18. Un inmueble declarado BIC es inseparable
de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento
o remoción, salvo que resulte imprescindible
por causa de fuerza mayor o de interés social y, en
todo caso, conforme al procedimiento previsto en el Artículo
9.º, párrafo 2.º, de esta Ley».
«Artículo 20. «1. La declaración de un Conjunto Histórico,
Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como BIC, determinará
la obligación para el Municipio o Municipios en
que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección
del área afectada por la declaración u otro instrumento
de planeamiento de los previstos en la legislación
urbanística que cumpla en todo caso las exigencias
en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan
requerirá el informe favorable de la Administración competente
para la protección de los bienes culturales afectados.
Se entenderá emitido informe favorable transcurridos
tres meses desde la presentación del Plan. La
obligatoriedad no podrá excusarse en la preexistencia de
otro plan contradictorio con la protección, ni en la inexistencia
previa del planeamiento general.
2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá
para todos los usos públicos el orden prioritario
de su instalación en los edificios y espacios aptos
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para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas
de rehabilitación integrada que permitan la recuperación
del área residencial y de las actividades económicas
adecuadas. También deberá contener los criterios
relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e
instalaciones sobre las mismas.
3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas
antes de incoarse el expediente declarativo del
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica,
precisará resolución favorable de la Administración
competente para los bienes afectados y no se permitirán
alineaciones nuevas, alteraciones en edificabilidad,
parcelaciones ni agregaciones.
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se
refiere este artículo, los Ayuntamientos interesados serán
competentes para autorizar directamente las obras
que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles que no sean Monumentos
ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno,
debiendo dar cuenta a la Administración competente
para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones
o licencias concedidas en el plazo máximo de diez
días desde su otorgamiento.
Las obras que se realicen al amparo de licencias
contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración
competente podrá ordenar su reconstrucción
o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado
la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto
en la legislación urbanística sobre dichas responsabilidades
».
«Artículo 22.» 1. Cualquier obra o remoción de terreno
que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una
Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá
ser autorizada por la Administración competente para
la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar
la autorización, ordenar la realización de prospecciones
y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo
con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley.
2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase
de publicidad comercial, así como de cables, antenas y
conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas».
«Artículo 23. 1. No podrán otorgarse licencias para
la realización de obras que, según lo previsto en la Ley,
requieran cualquier autorización administrativa hasta
que ésta sea concedida.
2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido
en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos
o, en su caso, la Administración competente en materia
de protección del Patrimonio Histórico Español podrán
ordenar su reconstrucción o demolición con cargo
al responsable de la infracción en los términos previstos
por la legislación urbanística».
Dentro del Título IV de la Ley 26/1985, relativo a la
protección de los bienes muebles e immuebles, hay
que tomar en consideración los siguientes artículos:
«Artículo 36.» 1. Los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español deberán ser conservados,
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su
caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores
de tales bienes.
2. La utilización de los bienes declarados de interés
cultural, así como de los bienes muebles incluidos
en el Inventario General, quedará subordinada a que no
se pongan en peligro los valores que aconsejen su
conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado
por los Organismos competentes para la ejecución
de esta Ley.
3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos
reales sobre bienes declarados de interés cultural
o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten
las actuaciones exigidas en el cumplimiento de
la obligación prevista en el apartadodo 1.º de este artículo,
la Administración competente, previo requerimiento
a los interesados, podrá ordenar su ejecución
subsidiaria.
Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter
de anticipo reintegrable que, en caso de bienes
inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad.
La Administración competente también podrá realizar
de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere
la más eficaz conservación de los bienes. Excepcionalmente
la Administración competente podrá ordenar
el depósito de los bienes muebles en centros de carácter
público en tanto no desaparezcan las causas que
originaron dicha necesidad.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente artículo será causa de interés social
para la expropiación forzosa de los bienes declarados
de interés cultural por la Administración
competente».
«Artículo 37.» 1. La Administración competente podrá
impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o
intervención en un bien declarado de interés cultural.
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque
no se haya producido dicha declaración, siempre que
aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que
hace mención el Artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto
la Administración resolverá en el plazo máximo de
treinta días hábiles en favor de la continuación de la
obra o intervención iniciada o procederá a incoar la declaración
de Bien de Interés Cultural, BIC.
3. Será causa justificativa de interés social para la
expropiación por la Administración competente de los
bienes afectados por una declaración de interés cultural
el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible
con sus valores. Podrán expropiarse por igual
causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación
de los bienes afectados por la declaración
de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos.
Los Municipios podrán acordar también la expropiación
de tales bienes notificando previamente este
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propósito a la Administración competente, que tendrá
prioridad en el ejercicio de esta potestad».
El título V se refiere al Patrimonio arqueológico, del
que también forman parte los elementos
paleontológicos. Destacamos los siguientes preceptos:
«Artículo 40.» 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo
1.º de esta Ley, forman parte del PHE los bienes
muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica,
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la
plataforma continental. Forman parte, asimismo de
este Patrimonio los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia del hombre
y sus orígenes y antecedentes.
2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural
BIC por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares
que contengan manifestaciones de arte rupestre».
«Artículo 41.» 1. A los efectos de la presente Ley
son excavaciones arqueológicas las remociones en la
superficie, en el subsuelo o en los medios
subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e
investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes
geológicos con ellos relacionados».
«Artículo 42. 1. Toda excavación o prospección arqueológica
deberá ser expresamente autorizada por la
Administración competente, que, mediante los procedimientos
de inspección y control idóneos, comprobará
que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme
a un programa detallado y coherente que contenga
los requisitos concernientes a la conveniencia,
profesionalidad e interés científico.
3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados
conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las
excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas
sin la autorización correspondiente, o las que se
hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos
en que fueron autorizadas, así como las obras
de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se
haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos
no comunicado inmediatamente a la Administración
competente».
«Artículo 43. La Administración competente podrá
ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones
arqueológicas en cualquier terreno público o privado
del territorio español, en el que se presuma la existencia
de yacimientos o restos arqueológicos,
paleontológicos o de componentes geológicos con
ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización
regirá lo dispuesto en la legislación vigente
sobre ef».
«Artículo 44. 1. Son bienes de dominio público todos
los objetos y restos materiales que posean los valores
que son propios del PHE y sean descubiertos
como consecuencia de excavaciones, remociones de
tierra u obras de cualquier índole o por azar.
El descubridor deberá comunicar a la Administración
competente su descubrimiento en el plazo máximo
de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos
casuales. En ningún caso será de aplicación a
tales objetos lo dispuesto en el Artículo 351 del Código
Civil».
Finalmente, el Artículo 76 recoge entre las infracciones
administrativas:
«Artículo 76. 1. Salvo que sean constitutivos de delito,
los hechos que a continuación se mencionan constituyen
infracciones administrativas que serán sancionadas
conforme a lo dispuesto en este artículo:
a) El incumplimiento por parte de los propietarios
o de los titulares de derechos reales o los poseedores
de los bienes de las disposiciones contenidas en los
artículos 13, 26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44,
51.2 y 52.1 y 3.(...)
c) El otorgamiento de licencias para la realización
de obras que no cumpla lo dispuesto en el artículo 23.
d) La realización de obras en Sitios Históricos o
Zonas Arqueológicas sin la autorización exigida por el
artículo 22.
e) La realización de cualquier clase de obra o intervención
que contravenga lo dispuesto en los artículos
16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39.
f) La realización de excavaciones arqueológicas u
otras obras ilícitas del Artículo 42.3.
g) El derribo, desplazamiento o remoción ilegales
de cualquier inmueble afectado por un expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural».
En lo que atañe a otros textos legales, destacar los
siguientes preceptos:
El Artículo 16 de la Ley 4/1989, de espacios naturales
protegidos protección de animales y plantas:
«1. Los Monumentos Naturales son espacios o
elementos de la naturaleza constituidos básicamente
por formaciones de notoria singularidad rareza o belleza,
que merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales,
las formaciones geológicas, los yacimientos
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan
un interés especial por la singularidad o importancia
de sus valores científicos, culturales o
paisajísticos».
c) Esquema competencial.
El Artículo 149.1.28 de la Constitución establece
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental
español contra la exportación y la expoliación.
El artículo diez. Uno, letra LL) del Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia establece que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tiene
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competencia exclusiva en materia de Patrimonio cultural,
histórico, arqueológico, monumental y artístico
de interés para la región.
2.3. - TÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 20. Conceptos fundamentales del Régimen
Urbanístico del suelo.
1. Aprovechamiento Objetivo: o aprovechamiento
real, es la cantidad de metros cuadrados de construcción
de destino privado cuya materialización permite o
exige el planeamiento en un terreno dado.
2. Aprovechamiento Subjetivo: o aprovechamiento
susceptible de apropiación, es la cantidad de metros
cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico
lucrativo del derecho de propiedad de un terreno,
al que su dueño tendrá derecho sufragando el coste de
las obras de urbanización que le correspondan. El
aprovechamiento subjetivo es el porcentaje del aprovechamiento
de Referencia que, para cada caso, determina
la legislación vigente.
3. Aprovechamiento de Referencia: es la edificabilidad
unitaria que el planeamiento establece para todos
los terrenos comprendidos en una misma Unidad de
Actuación, Sector o Area, a fin de que a sus propietarios
les corresponda, en régimen de igualdad, un aprovechamiento
subjetivo idéntico o similar, con independencia
de los diferentes aprovechamientos objetivos que el
Plan permita construir en sus fincas.
4. Excedente de aprovechamiento: es la diferencia
positiva que resulta al restar del aprovechamiento objetivo
de un terreno el aprovechamiento subjetivo que corresponde
a la propiedad del mismo.
5. Adquisición de un excedente de aprovechamiento:
es la operación jurídico ¿ económica, de gestión urbanística,
por la que el propietario de un terreno adquiere
onerosamente el derecho al excedente de
aprovechamiento que presenta su terreno para construirlo.
Los excedentes de aprovechamiento se adquieren
cediendo terrenos de valor equivalente al exceso adquirido,
libres de cargas, a la Administración o abonándole
su valor en metálico.
Los particulares no pueden construir un excedente
de aprovechamiento sin haberlo adquirido previamente.
Los ingresos públicos por este concepto quedarán
afectos al patrimonio municipal del suelo.
Artículo 21. Ámbitos de actuación.
1. La actividad urbanística de gestión del Plan Parcial
se realiza en el régimen previsto en el Artículo 169
LSRM para las Actuaciones Integradas.
2. Se considera Actuación Integrada la obra pública
de urbanización conjunta de dos o más parcelas,
realizada de una sola vez o por fases, conforme a una
única programación.
3. Las parcelas sujetas a una Actuación Integrada
serán solares cuando, además de contar con los servicios
expresados en el artículo 64 de la LSRM, estén ejecutadas
las infraestructuras mínimas de integración y
conexión de la Actuación con su entorno territorial, estipuladas
al programar aquella.
Artículo 22. Gestión del Plan Parcial.
La gestión urbanística exige la determinación previa
por el planeamiento general, para la totalidad del
sector, del aprovechamiento de referencia, como referente
para conocer el aprovechamiento subjetivo o susceptible
de apropiación por sus titulares, y la posterior
delimitación por el planeamiento de desarrollo, como
instrumento que establece la ordenación detallada del
sector, de una o varias Unidades de Actuación, entendidas
como ámbitos de gestión de Actuaciones Integradas,
por tanto, objeto de Reparcelación.
Artículo 23. Actuación Integrada.
1. La Actuación Integrada es siempre pública, correspondiendo
a la Administración decidir si opta por la
iniciativa pública o privada. Se considera que una Actuación
es de iniciativa pública de la Administración, cuando
la totalidad de las obras e inversiones es financiada
con fondos públicos y gestionadas por los órganos o
empresas de la Administración. La gestión es de iniciativa
privada cuando la Administración delega la condición
de Agente Urbanizador adjudicándola a favor de
una iniciativa empresarial por los sistemas de
concertación directa, indirecta o compensación.
2. El Plan Parcial delimita una única Unidad de Actuación
para su desarrollo mediante Actuación Integrada
mediante alguno de los sistemas que establece el
artículo 171 LSRM.
3. Estas Normas Urbanísticas contienen, para la
única Actuación Integrada prevista en desarrollo del
sector, una ficha de gestión con sus características básicas
con una breve referencia a sus condiciones de
conexión con las infraestructuras de servicios y dotaciones
y demás determinaciones particulares.
4. El Programa de Actuación que desarrolle este
Plan Parcial, siendo un instrumento de gestión según
dispone el Artículo 172 LSRM, establecerán los compromisos
de gestión por parte del Urbanizador seleccionado
para cada Actuación, fundamentalmente a través
del Convenio a suscribir y de los correspondientes
Proyectos de Reparcelación y Urbanización.
Artículo 24. Ocupación directa de terrenos
dotacionales.
1. La ocupación directa requerirá la previa determinación
por la Administración actuante de los aprovechamientos
susceptibles de adquisición por el titular del terreno
a ocupar y de la unidad de actuación en la que
hayan de hacerse efectivos tales aprovechamientos.
2. La obtención de terrenos dotacionales mediante
el procedimiento de ocupación directa deberá
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ajustarse a las reglas establecidas en el Artículo 194
y siguientes de la LSRM. No obstante, en cada momento
se aplicará la normativa vigente al respecto.
Artículo 25. Utilización pública de los terrenos.
Sin perjuicio de las cesiones obligatorias derivadas
del Planeamiento, se podrá exigir la utilización pública
de las calles y aparcamiento en superficie particulares,
así como los espacios libres entre edificaciones
que permanezcan de propiedad privada, cuando, en virtud
de las condiciones de ordenación, el aprovechamiento
de tales superficies se haya acumulado en las
zonas edificables, estando obligados los propietarios a
su conservación.
Artículo 26. Vinculación del destino de los terrenos de
cesión obligatoria.
1. El Ayuntamiento está obligado a afectar al destino
previsto en el Plan, el suelo que adquiera como consecuencia
del cumplimiento de los deberes de cesión
obligatoria que recaen sobre los propietarios y no podrán
cambiarse de destino sino por modificaciones del
Plan, manteniendo en todo caso la titularidad pública de
los terrenos.
2. Cuando las superficies de los bienes de dominio
y uso público afectadas por el Plan generasen edificabilidad
y ésta fuere atribuida con carácter conjunto al
área de ordenación o de actuación en que se encontrasen
situadas, se actuará conforme establece el Artículo
170 LSRM o norma que lo sustituya.
Artículo 27. Criterios de valoración.
1. Para las expropiaciones que se realicen en desarrollo
de este Plan Parcial serán de aplicación los criterios
de valoración contenidos en el Título III de la Ley
6/98, LRSV. No obstante, en cada momento se aplicará
la normativa vigente al respecto.
2. En todas las expropiaciones el Ayuntamiento
podrá satisfacer el justiprecio mediante la adjudicación
de terrenos de valor o aprovechamiento equivalente, por
convenio con el afectado.
Artículo 28. Parcelaciones.
1. Conforme establece el artículo 90 LSRM, hasta
tanto no se apruebe definitivamente el presente Plan
Parcial, no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas
en esta clase de suelo.
2. A los efectos de indivisibilidad de parcelas, resultará
de aplicación lo dispuesto en el Artículo 88
LSRM o norma que lo sustituya.
3. Todo acto de división, segregación o fraccionamiento
de terrenos o parcelación queda sujeto a licencia
conforme a lo dispuesto en el Artículo 221 de la
LSRM o norma que lo sustituya.
4. Conforme establece el Artículo 87.3 LSRM, los notarios
y registradores exigirán, para autorizar e inscribir,
respectivamente, escrituras de división de terrenos, que
se acredite el otorgamiento de licencia o al declaración
municipal de innecesariedad de la misma, de conformidad
con la legislación estatal aplicable. Los notarios testimoniarán,
conforme a la legislación notarial, el documento
administrativo correspondiente.
5. En cualquier caso, se estará a lo que establezca
la legislación urbanística vigente en cada momento,
que prevalecerá sobre lo dispuesto por estas Normas
Urbanísticas.
2.4. - TÍTULO IV. NORMAS DE URBANIZACIÓN.
Artículo. 29. Generalidades
1. Es función de este Plan Parcial, establecer las
exigencias de diseño y ejecución a tener en cuenta para
la redacción del Proyecto de Urbanización que debe desarrollarse.
2. Los proyectos de urbanización son proyectos de
obra que tienen la finalidad del desarrollo de los esquemas
de servicios incluidos en este Plan Parcial, a cuyo
efecto no podrán contener determinaciones sobre ordenación
y régimen del suelo y de la edificación, y deberán
detallar y programar las obras que comprenden con
la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas
por técnico distinto del redactor del proyecto.
3. Establecerán así mismo las condiciones en
que habrán de efectuarse las respectivas explotaciones
y conservación, y especialmente las correspondiente a
las acometidas a las distintas redes de servicio del
área de planeamiento. Estas condiciones tendrán carácter
de normas adicionales a las presentes.
4. Deberán tenerse en cuenta que todas las normas
que conciernen al capítulo de infraestructura, establecen
las condiciones mínimas imprescindibles que la
calidad y continuidad de los servicios de la zona urbanizada
deben reunir, sin perjuicio de otras consideraciones
de mayor exigencia.
5. Su contenido y determinaciones serán las indicadas
en los artículos 67, 69 y 70 del Reglamento de
Planeamiento.
6. Las obras de urbanización a incluir en los proyectos
de urbanización, serán como mínimo las siguientes:
Artículo. 30. Red viaria y espacios libres.
1. El sistema viario se proyectará en proporción
con las necesidades de circulación rodada y peatonal y
tendrán siempre solución de continuidad.
2. Queda prohibido la incorporación de carreteras
y caminos existentes al sistema viario propio de las urbanizaciones
particulares.
3. En el proyecto de urbanización deberá justificarse
que se ha tenido en cuenta la normativa sobre supresión
de barreras arquitectónicas (Ley 5/1995, de 7 de abril).
4. Los aparcamientos se localizarán contiguos
a las edificaciones y al margen de las bandas de
circulación o en el interior de las parcelas.
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5. Anchos mínimos del sistema viario:
- Vías principales de 12 m.
- Vías secundarias de 9 m.
- Vías peatonales de 4 m.
- Aceras para peatones de 1,00 m.
6. El tipo de firme a emplear, en cuanto a naturaleza
y espesor, dependerá de:
a. La intensidad (IMD), y naturaleza del tráfico que
ha de soportar.
b. La naturaleza del terreno de cimentación.
c. Las condiciones climáticas.
d. Recursos disponibles en la zona de situación.
7. Deberán exigirse como mínimo el doble tratamiento
superficial, siendo aconsejable el empleo en las
vías más importantes de aglomerado asfáltico. También
podrán emplearse pavimentos rígidos.
8. Deberán justificarse en todo caso, el tipo y espesor
de firme adoptado.
9. Las aceras se pavimentarán preferentemente
con baldosas de hormigón antideslizantes, pudiéndose
usar otros pavimentos siempre que se justifique las características
de seguridad y durabilidad.
10. Serán obligatorio el tratamiento de los viales y
espacios urbanos, (siempre que sea posible con técnicas
normales) mediante un diseño que no cree barreras
arquitectónicas con sus elementos, impidiendo su
normal uso para las personas de edad, impedidas,
minusválidos, invidentes, niños, etc... mediante rampas
de supresión de bordillos, señalizaciones y cambios de
tratamientos en el pavimento etc.
11. Los espacios libres resultantes de las urbanizaciones
que no comprendan zonas pavimentadas o
deportivas se tratarán con el carácter de parques y jardines,
con zonas de plantación de arbolado y zonas de
estar, esparcimiento y juego de niños.
12. Las zonas de plantación de arbolado podrán
ser en alineaciones para las calles, paseos y plazas,
con arbolado de desarrollo suficiente.
13. En las zonas libres de esparcimiento dentro
de los jardines se tratará debidamente la superficie del
suelo, enarenando y compactando el terreno en evitación
de que se produzcan zonas de barro y polvo.
Artículo. 31. Red de agua potable.
El suministro se efectuará desde la red general
municipal, que discurre próximo al sector, siendo el
punto de entronque el indicado por el Ayuntamiento o
empresa Municipal de Aguas. Según la información facilitada
por el Excmo. Ayuntamiento las características
en el punto de acometida son:
Punto de enlace mediante arqueta de toma con
válvula C.E.
Red de polietileno y fundición.
Profundidad de la red 1,20 m.
Presión en el punto de toma 5 Kg/cm2.
- Se considerarán aguas potables aquellas que reúnan
las condiciones de potabilidad química y
bacteriológica que determinan las disposiciones vigentes.
- Las redes de abastecimiento de agua potable
tendrán los requisitos mínimos para el uso diario.
- Áreas residenciales 200 l.hab/día con presiones
medias entre 1 y 5 atm. para puntos de consumo, debiendo
utilizarse válvulas reductoras de presión en caso
de presiones superiores a dichas 5 atm.
- La forma de la red se adaptará al sistema
reticular y se supondrá a efectos de cálculo de diámetros,
un consumo instantáneo máximo de 2,5 veces el
medio.
- Las dotaciones correspondientes a bocas de riego
e incendio se establecen a razón de 5 L/s por unidad
y considerando únicamente tres en funcionamiento
simultáneo.
Artículo. 32. Alumbrado público.
Para la redacción del proyecto, se tendrán en
cuenta las instrucciones para el alumbrado urbano del
Ministerio de la Vivienda (1965), así como lo establecido
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (D.
2.413/1973 de 20 de septiembre) y su Instrucción Complementaria
MI-BT 009 (Orden. 31 de octubre de 1973).
Los niveles de iluminación que como mínimo deberán
tenerse en cuenta serán los siguientes.
- Calles de tráfico importantes: 10 lux.
- Calles comerciales o residenciales: 7,5 lux.
- Calles sin tráfico rodado: 5 lux.
- Paseos: 5 lux.
La limitación del deslumbramiento, quedará asegurada
mediante una adecuada selección y disposición
de las luminarias.
En el proyecto deberán tenerse en cuenta y justificarse
los factores de eficacia del sistema elegido, la
economía del mantenimiento del mismo y el mínimo
consumo.
Artículo. 33. Suministro de energía eléctrica.
1. La distribución y suministro de energía eléctrica
será efectuada por la compañía distribuidora con arreglo
a sus normas, debiendo cumplir lo establecido en
los Reglamentos Electrotécnicos vigentes e Instrucciones
Complementarias.
2. Se incluirá la red media tensión desde el C.T.
situado en el barrio de la Asunción, según información
suministrada por el Excmo. Ayuntamiento hasta el Centro
de Transformación situado en el Plan Parcial, y la
correspondiente red de distribución interior de Baja
Tensión.
3. Las previsiones de potencia para zonas residenciales
o conjunto de viviendas se establecen en
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función de los grados de electrificación de la Instrucción
MI-BT 0, a 10, según el siguiente cuadro de dotaciones:
Grado de Potencia Previsión de
Electrificación contratada potencia
Mínima 3.000 W 0,4 kw/hab
Media 5.000 W 0,7 kw/hab
Elevada 8.000 W 1,0 kw/hab
Especial 18.000 W 1,8 kw/hab
4. La red de distribución de Baja tensión será
siempre subterránea, cumpliendo las Instrucciones MIBT
003 y 006 sobre la Seguridad. La traza de las mismas
seguirá el esquema de las calles y espacios libres
y de no existir dificultades para ello se agrupará en
paralelo con otras canalizaciones de servicios urbanos.
Artículo. 34. Red de alcantarillado.
1. La evaluación de aguas residuales se establecerá
obligatoriamente mediante una red de alcantarillado.
2. El entronque discurre próximo al sector, siendo
el punto de entronque el indicado por el Ayuntamiento o
empresa Municipal de Aguas, según la información facilitada
por el Ayuntamiento. Las características en el punto
de entronque son:
Punto de entronque mediante pozo de registro.
Red de hormigón de diámetro mínimo 400 mm.
Profundidad mínima de la red 1,50 m.
3. La red de alcantarillado formará un sistema unitario
y todas las conducciones serán subterráneas, siguiendo
el trazado viario por zonas públicas sin edificación.
Deberán situarse a cotas inferiores de la red de
abastecimiento de agua. Se colocarán pozos de registro
cada 50 m de distancia como máximo, a una profundidad
mínima de 1,50m.
4. Se colocarán imbornales o sumideros cada
50m, y con una superficie de recogida máxima de
600 m2.
5. Los conductos deberán ser de hormigón
vibroprensado de medidas circulares, con junta de
goma recibiéndose sobre lecho de hormigón y
rellenándose las zanjas con tierras exentas de áridos
mayores de 8 cm y apisonadas.
6. El caudal de aguas residuales a tener en cuenta
en los cálculos de saneamiento será el mismo previsto
para la dotación de agua, con excepción de la estimada
para riego. El caudal de aguas pluviales se hallará en
función de la precipitación media de la localidad y del
área de vertido afectada, reducida esta en el coeficiente
correspondiente.
Artículo. 35. Red de telefonía.
1. La instalación de redes de telefonía se ajustará
a las normas establecidas por la compañía CTNE.
2. Las conducciones serán subterráneas.
2.5. - TÍTULO IV. NORMAS DE EDIFICACIÓN.
2.5.1. CAPÍTULO I. PARÁMETROS URBANÍSTICOS.
DEFINICIONES.
2.5.1.1. - SECCIÓN A. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
RELATIVOS A LA MANZANA Y AL VIAL.
Artículo 36. Alineación de vial.
Se entiende por alineación de vial la línea que delimita
los espacios parcelados respecto a los espacios
públicos integrados por calles, plazas, zonas verdes o
espacios libres.
Artículo 37. Ancho de vial en un punto.
Se denomina ancho de vial en un punto de la alineación
de vial a la menor de las distancias entre dicho
punto y la alineación opuesta del mismo vial.
Se expresa en metros (m.).
Artículo 38. Manzana.
Se denomina manzana a la superficie de suelo
delimitada por alineaciones de vial contiguas.
Artículo 39. Patio de manzana.
Constituye el patio de manzana el espacio interior
a la misma que no tiene edificación o sólo es edificable
bajo rasante o en planta baja, resultado de la aplicación
de una profundidad máxima edificable.
Artículo 40. Línea de Rasante.
Se entiende por línea de rasante el perfil
longitudinal en el eje de las vías públicas.
Artículo 41. Cota de Rasante.
La cota de rasante es la cota de nivel de un punto
de la línea de rasante.
Se expresa en metros (m).
2.5.1.2. SECCIÓN B. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
RELATIVOS A LA PARCELA.
Artículo 42. Parcela.
A los efectos urbanísticos, se denomina parcela,
en suelo urbano y urbanizable, a cada una de las porciones
de suelo en las que, en su caso, se subdivide
una manzana.
Artículo 43. Parcela edificable.
Se entiende por parcela edificable aquella que cumple
las condiciones dimensionales, formales y de ubicación que
exija el Plan para que pueda autorizarse en ella la edificación.
Dichas condiciones se refieren a parámetros tales
como parcela mínima, frente mínimo de parcela, círculo
mínimo inscrito, ángulos medianeros u otros similares.
Artículo 44. Solar.
Son solares las parcelas legalmente divididas o
conformadas que reúnan los requisitos exigidos en el
artículo 64 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de
la Región de Murcia y los que, en su caso, exija el
planeamiento general.
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Artículo 45. Lindes de parcela.
Se denominan lindes a las líneas perimetrales
que delimitan la parcela.
Artículo 46. Linde frontal de parcela.
Constituye el linde frontal el linde o lindes que delimitan
la parcela respecto del vial o espacio libre públicos
colindantes.
Artículo 47. Cerramientos de parcela.
Se denominan cerramientos de parcela a aquellos
elementos constructivos dispuestos sobre los lindes,
que separan la parcela de los espacios públicos o
de otras parcelas.
Artículo 48. Parcela mínima.
Se define la parcela mínima como la superficie
mínima que debe tener una parcela para que pueda ser
edificable.
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s).
Artículo 49. Frente de parcela.
Se denomina frente de parcela a la longitud del
linde frontal.
Se expresa en metros (m.).
2.5.1.3. SECCIÓN C. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
RELATIVOS A LA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EN LA PARCELA.
Artículo 50.- Alineaciones de la edificación.
Constituyen las alineaciones de la edificación
aquellas líneas, definifdas por la intersección de los
planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite
entre las superficies edificables y las no edificables,
tanto de carácter público como privado, sin perjuicio de
la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.
Artículo 51.- Alineaciones de la edificación en planta
baja.
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican
únicamente a la planta baja.
Artículo 52.- Alineaciones de la edificación en planta
de piso.
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican
únicamente a la planta de piso.
Artículo 53.- Alineaciones del volumen.
Constituyen las alineaciones del volumen aquellas
líneas resultantes de la intersección de los planos
que establecen el límite entre los espacios edificables y
los no edificables, tanto de carácter público como privado,
sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o
elementos salientes.
Artículo 54.- Distancia al linde.
Se define la distancia a linde como la separación
entre el linde de parcela que se tome como referencia y
el punto más próximo de la edificación ¿ incluyendo la
proyección horizontal de los cuerpos volados -, medida
sobre una recta perpendicular a dicho linde.
Se expresa en metros (m.).
Artículo 55. Retranqueo de la edificación.
Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro
de un tramo del plano de fachada respecto de la alineación
de vial, medido sobre una recta perpendicular
a dicha alineación.
Se expresa en metros (m), sin perjuicio del establecimiento
de condiciones formales.
Artículo 56.- Profundidad edificable.
Se define profundidad edificable como la distancia
desde la alineación de vial, medida sobre una recta perpendicular
a dicha alineación, que establece un límite a
la edificación por la parte posterior, sin perjuicio de la
posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.
Puede exigirse a todas las plantas del edificio o
solo a las plantas de pisos.
Se expresa en metros (m).
2.5.1.4. SECCIÓN D. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
RELATIVOS A LA INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 57.- Superficie ocupada.
Se entiende por superficie ocupada de una parcela
la superficie de la proyección horizontal de las edificaciones
sobre la parcela, incluyendo los cuerpos
volados.
A estos efectos computará la superficie de aquellas
edificaciones e instalaciones complementarias que
estén cubiertas.
Se expresará en metros cuadrados de suelo
(m2s).
Artículo 58.- Coeficiente de ocupación.
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación
entre la superficie ocupada y la superficie de parcela.
Se expresa en tantos por ciento (%).
Artículo 59.- Superficie libre.
Se entiende por superficie libre de una parcela la
superficie de la misma que no tiene edificación sobre la
rasante del terreno.
Su valor es complementario de la superficie ocupada
respecto a la superficie de la parcela (superficie libre
+ superficie ocupada = superficie de parcela).
Se expresa en metros cuadrados de suelo (m2s).
Artículo 60.- Superficie construida por planta.
Se entiende por superficie construida por planta, a
los efectos de esta norma, la superficie construida en el
perímetro definido por la cara exterior de sus
cerramientos con el exterior o con otras edificaciones.
Computarán a estos efectos las superficies de
los cuerpos volados cuando estén cerrados en todo
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su perímetro con parámetros estancos. En los demás
caso, computará únicamente el cincuenta por ciento de
su superficie.
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).
Artículo 61.- Superficie construida total.
Constituye la superficie construida total de un inmueble
la suma de las superficies construidas de todas
las plantas que lo componen.
No computará a efectos de este parámetro la superficie
construida de los sótanos y semisótanos. Por
el contrario, siempre habrá de considerar la superficie
de los áticos y aprovechamientos bajo cubierta (respecto
a estos últimos, computarán aquellas áreas que tengan
una altura libre superior a 1,50 m).
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).
Artículo 62.- Volumen construido.
Se denomina volumen construido de una edificación
al volumen comprendido entre sus cerramientos
con el exterior o con otras edificaciones.
No computarán a efectos de este parámetro el volumen
de la edificación situada por debajo de la rasante.
Se expresará en metros cúbicos (m3).
Artículo 63.- Edificabilidad.
Se entiende por edificabilidad la superficie construida
total que tiene un ámbito determinado.
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t).
Artículo 64.- Coeficiente de edificabilidad neta.
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta
la relación entre la edificabilidad y la superficie, ambas
referidas a una parcela o a un conjunto de ellas.
Se expresa en metros cuadrados de techo por
cada metro cuadrado de suelo (m2t/m2s).
Artículo 65.- Coeficiente de edificabilidad bruta.
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta
de un ámbito determinado, la relación entre la edificabilidad
y la superficie, ambas del ámbito de referencia, incluyéndose
en esta última tanto la superficie de las parcelas
como la de los espacios libres y viales públicos.
Se expresa en metros cuadrados de techo por
cada metro cuadrado de suelo (m2t/m2s).
2.5.1.5. SECCIÓN E. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
RELATIVOS AL VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 66.- Altura reguladora.
Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical,
medida en el plano de fachada de la edificación,
desde la rasante de la acera hasta la intersección con
la cara inferior del forjado que forma el techo de la última
planta.
En las calles con pendiente, la altura reguladora de
un edificio se medirá en el punto medio de su longitud
de fachada. Cuando la excesiva pendiente de la calle o la
gran longitud de la fachada determinen diferencias de
cota de rasante superiores a tres metros, la fachada se
descompondrá en tramos que no superen esa condición,
a efectos de la medición de este parámetro.
En los supuestos en que la rasante natural del terreno
no coincida con la rasante de la acera, la altura
reguladora se medirá, en vertical, desde la rasante de
la acera hasta una línea paralela a la rasante natural
del terreno que pase por la intersección entre el plano
de fachada y la cara inferior del forjado que forma el techo
de la última planta.
Artículo 67.- Altura total.
Se define la altura total como la dimensión vertical
medida desde la rasante de la acera hasta el punto
más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos
de las instalaciones.
En las calles con pendiente y en los supuestos en
que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante
de la acera, la medición de este parámetro se realizará
de forma similar a la indicada en el artículo anterior.
Se expresa en metros (m.).
Artículo 68.- Número de plantas.
El número de plantas que componen un edificio ¿
incluida la planta baja y ático ¿ constituye el parámetro
denominado número de plantas.
No se consideran a efectos de este parámetro las
entreplantas, ni los sótanos y semisótanos. En las calles
con pendiente se estará a lo dispuesto en el artículo
61 de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 69.- Medianera.
A los efectos de esta norma, se denomina
medianera a la parte lateral límite entre dos edificaciones,
que se levanta desde los cimientos hasta la cubierta, aunque
su continuidad se interrumpa con patios o similares.
Artículo 70.- Planta baja.
Se denomina planta baja a aquella planta en la
que la cara inferior del forjado del suelo ¿o, en su caso,
de la solera ¿ se encuentra a una cota igual o inferior a
un metro desde la rasante de la acera y la cara inferior
del forjado del techo se sitúa a una cota superior a dicha
distancia.
Artículo 71.- Planta de piso.
Se entiende por planta piso aquella planta situada
por encima de la planta baja.
Artículo 72.- Planta de ático.
Se denomina planta ático a la última planta de un
edificio, siempre que su fachada se encuentre
retranqueada de los planos de fachada del inmueble.
Artículo 73.- Aprovechamiento bajo cubierta.
Se denomina aprovechamiento bajo cubierta a la
utilización del espacio comprendido entre la cubierta
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inclinada del edificio y el forjado del techo de la última
planta. Únicamente podrán utilizarse en las condiciones
de cómputo de la edificabilidad expresadas en el
artículo (superficie construida total) de estas Normas
Urbanísticas.
Artículo 74.- Entreplanta.
Se denomina entreplanta a aquella planta que tiene
el forjado del suelo en una posición intermedia entre
los planos del pavimento y techo de una planta baja.
La superficie de la entreplanta no podrá superar el
sesenta por ciento de la superficie de la planta baja.
Artículo 75.- Sótano.
Se denomina sótano a aquella planta en la que la
cara inferior del forjado del techo se sitúa por debajo del
plano horizontal que contiene la rasante de la acera.
En los supuestos en que la rasante natural del terreno
no coincida con la rasante de la acera, se considerará
sótano a aquella planta o porción de la misma
cuya cara inferior del forjado del techo se encuentre por
debajo del plano que contiene la rasante natural del terreno.
Artículo 76.- Semisótano.
Se denomina semisótano a aquella planta en que
la cara inferior del forjado del techo se encuentra entre
el plano horizontal que contiene la rasante de la acera, y
el situado a un metro por encima de dicho plano.
En los supuestos en que la rasante natural del terreno
no coincida con la rasante de la acera, se considerará
semisótano a aquella planta o porción de la misma
cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre
entre el plano que contiene la rasante natural del terreno
y el situado a un metro por encima de dicho plano.
Artículo 77.- Altura de planta.
Se entiende por altura de planta la distancia vertical
entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
Se expresa en metros (m).
Artículo 78.- Altura libre de planta.
Se entiende por altura libre de planta la distancia
vertical entre el pavimento y la cara inferior del forjado
del techo o, en su caso, del falso techo- de una planta.
Se expresa en metros (m).
Artículo 79.- Cuerpos volados.
Se entienden por cuerpos volados aquellas partes
de la edificación que sobresalen de los planos que definen
el volumen del edificio y que tienen carácter habitable
u ocupable por las personas, tales como balcones,
miradores, terrazas o similares.
Artículo 80.- Elementos salientes.
Se entienden por elementos salientes aquellos
elementos constructivos fijos que sobresalen de los
planos que definen el volumen de un edificio, sin
caracte habitable u ocupable por las personas, tales
como zócalos, aleros, cornisas, marquesinas, rótulos o
similares.
Artículo 81.- Elementos técnicos de las instalaciones.
Se entienden por elementos técnicos de las instalaciones
aquellos elementos integrantes de las instalaciones
al servicio del inmueble, tales como depósitos
de agua, equipos de acondicionamiento de aire, filtros
de aire, conductos de ventilación, antenas, pararrayos,
elementos o similares.
Artículo 82.- Patios de luces y ventilación.
Se denominan patios de luces y ventilación a los
espacios no construidos y ubicados en el interior del
volumen general de la edificación, que garantizan adecuada
iluminación y ventilación a las dependencias del
inmueble.
1.5.2. CAPÍTULO II. CONFIGURACIÓN DE LA ZONA
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. DEFINICIONES.
2.5.2.1. SECCIÓN A. SISTEMA DE ORDENACIÓN.
Artículo 83.- Sistemas de ordenación.
El sistema de ordenación es el modo de regular
las edificaciones, en función de los parámetros urbanísticos
utilizados en su definición.
Artículo 84.- Sistema de Ordenación por edificación
aislada.
1. El sistema de ordenación que se caracteriza
porque los edificios se dispone separados de los lindes
de la parcela se denomina ordenación por edificación
aislada.
2. Los parámetros fundamentales de la ordenación
por edificación por edificación aislada son el coeficiente
de edificabilidad neta, el coeficiente de ocupación,
las distancias a lindes y la altura reguladora.
3. El tipo de edificio que se obtiene en la ordenación
por edificación aislada se denomina bloque.
2.5.2.2. SECCIÓN B. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
Artículo 85.- Tipologías edificatorias.
1. Las tipologías edficatorias es el modo de disponer
la edificación en relación con la parcela.
2. La edificación característica que resulta del sistema
de ordenación por bloque es susceptible de diferenciarse
en dos tipologías edificatorias, en función de
la relación que se establece entre esas edificaciones y
la parcela: bloque exento y bloque adosado.
Artículo 86.- Bloque exento.
Se denomina bloque exento a la edificación que
se sitúa separada de todos los lindes de la parcela.
Artículo 87.- Bloque adosado.
Se considera que un bloque está adosado cuando
la edificación se adosa al menos a unos de los lindes
de parcela par formar agrupaciones de edificios con las
parcelas contiguas.
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2.5.2.3. SECCIÓN C. RÉGIMEN GENERAL DE LOS
USOS.
Artículo 88.- Usos globales.
Se considera uso global el uso predominante de
las edificaciones de un área determinada.
Artículo 89.- Usos pormenorizados.
Los usos pormenorizados son los así establecidos
en desarrollo del uso global. Se diferencian en tres
categorías:
a) Uso dominante: el propio y característico de la
zona.
b) Uso compatible: aquel cuya implantación es admitida
por el Plan Parcial por no ser considerado contradictorio
con el uso dominante de la zona. Los espacios
adscritos a un uso compatible pueden ser
limitados. Además, se pueden regular de forma diferenciada
las unidades de implantación de cada uso.
c) Uso incompatible: aquel cuya implantación no
se permite por el Plan.
Artículo 90.- Uso Residencial.
1.- Se incluyen en el uso residencial las actividades
de residencia de personas, tanto permanentes
como temporales, excepto las residencias de carácter
colectivo.
2.- Dentro del uso global residencial se establece
una subdivisión en función del número de viviendas que
se disponen en cada parcela:
a) Residencial unitario es el uso que designa
aquellas zonas en las que existe una sola vivienda por
parcela.
b) Residencial múltiple es el uso que designa
aquellas zonas en las que existe más de una vivienda
por parcela.
Artículo 91.- Uso Industrial.
Se incluyen en el uso industrial todas aquellas actividades
destinadas a la obtención, elaboración, transformación,
reparación, almacenamiento y distribución
de productos, incluso talleres artesanales.
Artículo. 92.- Uso Terciario.
Se incluyen en el uso terciario todas las actividades
relacionadas con servicios de tipo comercial, hotelero,
oficinas, recreativo, residencias colectivas,
aparcamientos y similares.
Artículo 93.- Uso Dotacional público. Definición y
clases.
1. El uso dotacional público es el referido al conjunto
de actividades que tienen por objeto satisfacer las
demandas básicas personales y sociales propias de la
vida urbana y necesarias par el desarrollo individual y
colectivo.
2. Las dotaciones públicas, atendiendo al uso que
se destinen se calificarán como:
- Red Viaria:
Viario.
Aparcamiento.
- Equipamientos
Educativos.
Docentes.
Culturales.
Sanitarios.
Administrativos.
Deportivos.
Sociales.
- Zonas Verdes y Espacios Libres.
Artículo 94.- Condiciones generales de los usos
dotacionales públicos.
1. Titularidad: como su nombre indica, el suelo
previsto para dotaciones públicas deberá ser de titularidad
pública. Habrá de ser adquirido por la Administración
por cesión obligatoria y gratuita mediante el correspondiente
Proyecto de Reparcelación.
2. Usos permitidos: los previstos por las presentes
Normas Urbanísticas con arreglo a la clasificación y
criterio general de implantación y sustitución regulados,
así como las infraestructuras que se precisen y aquellos
usos complementarios al dotacional.
3. Condiciones de edificación: las características
de las obras de acondicionamiento del terreno y de las
parcelas previstas para usos dotacionales serán las
adecuadas al cumplimiento de la función a que se destinen,
y con carácter general, se adecuarán al entorno
de su emplazamiento.
Artículo 95.- Uso dotacional viario. Definición.
1. Comprende el suelo que se destina básicamente
a la circulación de vehículos y personas, y
complementariamente al emplazamiento de los servicios
urbanísticos para servicio de parcelas: alcantarillado, distribución
de agua potable, suministro eléctrico, etc.
2. Se consideran elementos integrantes de las
vías de comunicación, las calzadas para vehículos rodados,
los arcenes, los espacios de estacionamiento
que forman parte de las calzadas, las aceras y calles
peatonales, las isletas y áreas libres de protección, y
las reservas para ampliación de viales existentes.
3. Las áreas de circulación peatonal, las áreas libres
de protección se consideran incluidas en la red
viaria de protección y servidumbres, por causa de su tamaño,
y otras cualidades que hacen más idónea esta
consideración.
4. Se distinguen los siguientes tipos de suelo
dotacional viario:
a) Viario de Tránsito: vías de comunicación, diferenciando
las áreas reservadas a los distintos modos
de tránsito y medios de transporte. Las zonas
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ajardinadas, tales como rotondas, setos separadores,
isletas y otras análogas necesarias para la ordenación
del tráfico viario que no cumplan los requisitos para ser
computadas como Espacios Libres y Zonas Verdes según
el Reglamento de Planeamiento.
b) Aparcamiento: áreas anexas o separadas de la
red viaria, pero que por su forma o ubicación sólo admitan
el movimiento del vehículo imprescindible para estacionar.
Artículo 96.- Condiciones de la red viaria.
1. La precisión de las alineaciones de la red viaria
se contiene en los planos de Ordenación
Pormenorizada de este Plan Parcial y, en todo caso,
mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización
y, finalmente, mediante la comprobación física por tira
de cuerdas del personal técnico municipal.
En la precisión de las alineaciones se mantendrán
las anchuras de las vías que especifica este Plan
Parcial, y las modificaciones del trazado debidas a
ajustes a la topografía, límites de propiedad, líneas de
edificación existentes, no disminuirán la anchura y la
capacidad de servicio de la vía.
2. Régimen de las carreteras regionales y de su
entorno:
a) En la proyección, construcción, conservación, finalización,
uso y explotación y actividades del entorno
de las carreteras regionales se observará lo dispuesto
en la Ley 9/1990 de 27 de agosto, de Carreteras de la
Región de Murcia o norma que la sustituya.
b) La colocación de carteles y otros medios de publicidad
o propaganda visibles desde la vía pública estará
sometida, a tenor de lo dispuesto en el artículo
221.3.c) de la LSRM, y sin perjuicio de otras intervenciones
administrativas, a previa licencia municipal.
Artículo 97.- Reserva mínima de aparcamientos.
Las reservas obligatorias de aparcamiento en parcela
privada serán de una plaza de aparcamiento por
cada 100 m2 construidos, tal y como señala el artículo
106.h), párrafo segundo, de la LSRM.
El número de plazas de aparcamiento en suelo
dotacional público será proporcionado tanto a la densidad
como a las características de la Red Viaria, siendo
como mínimo de una plaza por cada 100 m2 construidos,
tal y como señala el artículo 106.h), párrafo segundo,
de la LSRM.
Artículo 98.- Uso dotacional de Zonas Verdes y
Espacios Libres. Definición y condiciones
generales.
1. Comprende el suelo que se destine a todas
aquellas actividades, juego, reposo, relación y asoleo
que la población puede desarrollar, en espacios no edificados,
de dominio público y de libre acceso peatonal.
2. Se incluyen las áreas que se grafían y se identifican
como tales en los planos de este Planeamiento y
los que con éste destino sean resultantes del desarrollo
urbanístico que se produzca según las previsiones
de éste.
3. En aquellas áreas de parque urbano cuya superficie
sea superior a 1.000 m2 se admiten edificaciones
destinadas a usos comunitarios de carácter público
que cumplan las siguientes condiciones.
a) Ocupación inferior al 10% de su superficie.
b) Techo total edificable inferior al que resulte de
aplicar el coeficiente de 0,2 m2 de techo/ m2 de suelo a
la superficie ocupable.
c) La altura máxima de las instalaciones o edificaciones
será de 7 metros salvo que se requiriese mayor
altura adecuada a su funcionalidad.
d) La edificación se configurará y localizará de
modo que se produzca el mínimo perjuicio al
asoleamiento del parque.
e) Se autoriza la ocupación bajo rasante, para
usos públicos o aparcamiento.
4. En cuanto a las instalaciones deportivas descubiertas
se autoriza su ubicación en espacios libres públicos
cualquiera que sea el tamaño de éstos.
5. A efectos del cómputo de estándares urbanísticos
de plan parcial, únicamente se considerarán aquellos
cuya superficie mínima sea de 1.000 metros cuadrados
en que sea inscribible un círculo de 30 metros
de diámetro, con las condiciones apropiadas para la
plantación de especies vegetales y tener garantizado el
adecuado soleamiento en relación con la posible edificación
circundante.
Artículo 99.- Uso dotacional de Equipamiento.
Definición y régimen.
Comprende los suelos que se dediquen a usos
públicos o colectivos de formación, asistencia y a proporcionar
los servicios propios de la actividad de ciudad.
El suelo adscrito a este sistema será, en ejecución
del Plan Parcial y de los instrumentos que lo
desarrollen, de titularidad pública, si bien la gestión
puede atribuirse al sector privado.
No obstante, los equipamientos existentes de titularidad
privada, mientras estén destinados al uso previsto,
continuarán en régimen de propiedad privada.
Artículo 100.- Condiciones de edificación de los
equipamientos.
1. La edificación en estas áreas se ajustará a las
necesidades funcionales propias de cada
equipamiento, al respeto de los valores ambientales y
paisajísticos y a la organización general del tejido urbano
en que se sitúan.
2. Deberán respetarse los parámetros de edificación
de la zona en la que se encuentra el equipamiento.
3. Cuando la ordenación de la zona a la que se
adscribe el área de equipamiento no sea adecuada
para el desarrollo de la edificación a causa de sus
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exigencias funcionales, podrá realizarse un Estudio
de Detalle que, respetando los criterios expuestos en
este artículo, proponga la ordenación de los volúmenes
ajustada a los fines que se persiguen.
Artículo 101.- Concesiones para equipamientos.
Sobre el suelo destinado a equipamientos y dotaciones,
que en ejecución del Plan Parcial serán de titularidad
pública, la Administración competente podrá
otorgar una concesión para la construcción y explotación
del equipamiento o dotación correspondiente.
El mismo tratamiento será aplicable para la utilización
del subsuelo público cuando se destine a aparcamiento.
2.5.3.- CAPÍTULO III. ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
NORMAS PARTICULARES.
Artículo 102.- Ordenanzas comunes a las dos zonas
de ordenación urbanística.
1. Uso predominante residencial, unifamiliar o
plurifamiliar.
2. Contabiliza como metro cuadrado de techo (m2t),
aprovechamiento lucrativo, la edificación correspondiente a
uso privativo del inmueble no contabilizando la edificación
destinada a elementos comunes del edificios (zaguán, escaleras,
pasillos de distribución, ...) o edificación destinada
a usos comunes de la parcela (piscina, zonas deportivas,
zonas lúdicas, aparcamientos...).
3. La edificación ejecutada en sótano y/o
semisótano no contabiliza como m2t de aprovechamiento
lucrativo. Se considera semisótano a la planta
cuya cara inferior de forjado techo se encuentra a una
altura no mayor de 1,00 m. (un metro) sobre la rasante
de vía pública.
Artículo 103.- Zona de Ordenación urbanística de
Viviendas Adosadas (ADO).
1. Ámbito.
La zona de ordenación urbanística de viviendas
adosadas (ADO) está constituida por todo el área expresamente
grafiada con esta identificación en los planos
de ordenación del Plan Parcial: parcelas P2, P4, P5,
P7, P8 y P9.
2. Configuración de la zona.
La Zona de se configura por la integración del sistema
de ordenación por edificación aislada, tipología
edificatoria de bloque adosado y uso global Residencial.
3. Usos pormenorizados.
a) Uso dominante.
- Residencial: en su modalidades unitario y múltiple.
b) Usos compatibles.
- Terciario: comercial, hotelero, oficinas, recreativo,
residencias colectivas y similares.
c) Usos incompatibles.
- Industrial: en todas sus categorías.
4. Parámetros urbanísticos.
a) Relativos a la manzana y al vial.
- Alineaciones a viales: son las que vienen definidas
en los planos de alineaciones.
- Rasantes: son las que vienen definidas en los
planos de rasantes.
b) Relativos a la parcela.
- Parcela mínima edificable: queda definida por
las condiciones de dimensiones (parcela mínima y
frente mínimo de parcela) que se concretan en la Ficha
de Zona.
c) Relativos a posición.
- Distancia mínima a linde frontal: es la distancia
que respecto al linde frontal de la parcela se concreta
en la Ficha de Zona.
d) Relativos a la intensidad.
- Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se
concreta en la Ficha de Zona.
e) Relativos al volumen y forma.
- Número máximo de plantas: es el que se concreta
en la Ficha de Zona.
- Altura máxima reguladora: es la dimensión que,
en función del número de plantas, se concreta en la Ficha
de Zona.
- Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone
la Ficha de Zona.
- Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la
Ficha de Zona.
- Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha
de Zona.
- Aprovechamientos bajo cubierta: estarán permitidos
si así lo dispone la Ficha de Zona.
5. Condiciones particulares.
- La edificación principal, la dedicada al uso residencial,
podrá ocupar en planta hasta una superficie del
100% (cien por cien) de la parcela restante de retranquear
la edificación principal tres metros de la alineación
de vía pública (caso de poseer la parcela más de una alineación
a vía pública el retranqueo solo será obligatorio
a una alineación), a excepción de la manzana P 2, que
se establece una alineación a vial a efectos de dar cabida
a la edificabilidad asignada por el Plan. La superficie
de parcela no dedicada al uso residencial se dedicará a
zona verde y/o edificación secundaria siendo esta la destinada
a usos comunes de la parcela (piscina, zonas deportivas,
zonas lúdicas, aparcamientos...).
- Las plantas de sótanos y/o semisótano podrá
ocupar la totalidad de la parcela, del mismo modo los
cuerpos volados a partir de la alineación de fachada podrá
ocupar la zona de retranqueo.
- Con independencia de la edificación de sótanos
o semisótano se podrá edificar hasta un máximo de
tres plantas u once metros de altura, contabilizada esta
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a partir de la rasante de la vía pública y hasta la cara inferior
del último forjado.
6. Otras condiciones.
- Dotación de aparcamientos: la dotación de
aparcamientos mínima por parcela privada será de 1
por cada 100 m2 construidos.
- Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de
edificabilidad máximo y el coeficiente de ocupación
máximo serán los que se concreten en la Ficha de
Zona.
- Equipamientos: salvo que la normativa sectorial
aplicable disponga diferentes exigencias, los
parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes
a esta zona.
- Actuaciones conjuntas: podrán realizarse agrupaciones
de viviendas en una parcela, siempre que cumplan
los parámetros urbanísticos de las presentes Normas.
- Condiciones funcionales de habitabilidad: será
de aplicación la Ley 5/1.995, de 7 de abril, de condiciones
de habitabilidad en edificios y viviendas y promoción
de la accesibilidad en general, Real Decreto 39/
1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas
y la Orden de 15 de octubre, de 1.991, de la
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio
Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos
y edificación.
Artículo 104.- Zona de Ordenación urbanística de
Edificación Abierta (EDA).
1. Ámbito.
La zona de ordenación urbanística de viviendas
adosadas (EDA) está constituida por todo el área expresamente
grafiada con esta identificación en los planos
de ordenación del Plan Parcial: parcelas P1, P3 y P6.
2. Configuración de la zona.
La Zona de se configura por la integración del sistema
de ordenación por edificación aislada, tipología
edificatoria de bloque exento y uso global Residencial.
3. Usos pormenorizados.
a) Uso dominante.
- Residencial: en su modalidades unitario y múltiple.
b) Usos compatibles.
- Terciario: comercial, hotelero, oficinas, recreativo,
residencias colectivas y similares.
c) Usos incompatibles.
- Industrial: en todas sus categorías.
4. Parámetros urbanísticos.
a) Relativos a la manzana y al vial.
- Alineaciones a viales: son las que vienen definidas
en los planos de alineaciones.
- Rasantes: son las que vienen definidas en los
planos de rasantes.
b) Relativos a la parcela.
- Parcela mínima edificable: queda definida por las
condiciones de dimensiones (parcela mínima y frente mínimo
de parcela) que se concretan en la Ficha de Zona.
c) Relativos a posición.
- Distancia mínima a linde frontal: es la distancia
que respecto al linde frontal de la parcela se concreta
en la Ficha de Zona.
- Distancia mínima a resto de lindes: es la distancia
que respecto al linde frontal de la parcela se concreta
en la Ficha de Zona.
d) Relativos a la intensidad.
- Coeficiente de edificabilidad neta: es el que se
concreta en la Ficha de Zona.
- Coeficiente de ocupación: es el que se concreta
en la Ficha de Zona.
e) Relativos al volumen y forma.
- Número máximo de plantas: es el que se concreta
en la Ficha de Zona.
- Altura máxima reguladora: es la dimensión que,
en función del número de plantas, se concreta en la Ficha
de Zona.
- Semisótanos: estarán permitidos si así lo dispone
la Ficha de Zona.
- Sótanos: estarán permitidos si así lo dispone la
Ficha de Zona.
- Áticos: estarán permitidos si así lo dispone la Ficha
de Zona.
- Aprovechamientos bajo cubierta: estarán permitidos
si así lo dispone la Ficha de Zona.
5. Condiciones particulares.
- La edificación principal, la dedicada la uso residencial,
ocupará en planta una superficie no mayor del
75% (setenta y cinco por ciento) de la parcela, la superficie
de parcela no ocupada por la edificación principal se
dedicará a zona verde y/o edificación secundaria siendo
esta la destinada a usos comunes de la parcela (piscina,
zonas deportivas, zonas lúdicas, apartamentos,...).
- Tanto en la edificación principal como en la secundaria
se la hubiere su alineación de fachada se
retranqueará un mínimo de 3,00 metros (tres metros)
de todos los lindes de la parcela, excepto la parcela P 3,
cuya ocupación coincide con el volumen específico de
la edificación existente, tal y como se grafía en los planos.
Las plantas sótanos y/o semisótano podrán ocupar
la totalidad de la parcela, del mismo modo los cuerpos
volados a partir de la alineación de fachada podrán
ocupar la zona de retranqueo.
- Con independencia de la edificación de sótanos
o semisótano se podrá edificar hasta un máximo de
cuatro plantas o catorce metros de altura contabilizada
ésta a partir de la rasante de la vía pública y hasta la
cara inferior del último forjado.
¿ N I C ¿
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
¿NIF¿
¿CPI¿¿NC¿
Número 199
¿ N F ¿
¿ F C ¿
Viernes, 29 de agosto de 2003
¿FF¿¿PC¿
Página 14797
¿PF¿¿CPF¿
- Previo estudio de detalle comprensivo de la totalidad
de la manzana, se podrá ordenar esta para su edificación
al amparo de las ordenanzas particulares de la
zona de edificación adosada.
6. Otras condiciones.
- Dotación de aparcamientos: la dotación de
aparcamientos mínima por parcela privada será de 1
por cada 100 m2 construidos.
- Zonas verdes y espacios libres: el coeficiente de
edificabilidad máximo y el coeficiente de ocupación máximo
serán los que se concreten en la Ficha de Zona.
- Equipamientos: salvo que la normativa sectorial
aplicable disponga diferentes exigencias, los
parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes
a esta zona.
- Actuaciones conjuntas: podrán realizarse agrupaciones
de viviendas en una parcela, siempre que
cumplan los parámetros urbanísticos de las presentes
Normas.
- Ocupación del volumen edificable: la delimitación
de los lindes del volumen edificable es libre, con cumplimiento
de los parámetros urbanísticos establecidos
en las presentes normas urbanísticas. Por tanto, la delimitación
que efectúan los planos es meramente orientativa.
- Condiciones funcionales de habitabilidad: será de
aplicación la Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de
habitabilidad en edificios y viviendas y promoción de la
accesibilidad en general, Real Decreto 39/1987, de 4 de
junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas y la
Orden de 15 de octubre, de 1991, de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre
accesibilidad en espacios públicos y edificación.
El acuerdo de aprobación definitiva pone fin a la vía
administrativa, pudiendo formular contra el mismo Recurso
Potestativo de Reposición, ante el mismo órgano
que lo hubiere dictado, en el plazo de 1 mes. El plazo
para dictar y notificar la resolución del recurso será de 1
mes entendiéndose desestimado en caso contrario. No
obstante lo anterior, el acto podrá ser recurrido directamente
mediante Recurso Contencioso-Administrativo
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso
adminis-trativo en el plazo de 2 meses, contados
desde el día siguiente a la notificación o publicación,
o en su caso, en el plazo que corresponda en los
supuestos previstos en el Artículo 46 de la L.J.C.A. No
obstante lo anterior, podrá ejercitar cualquier otro recurso
o reclamación que estime conveniente (arts. 107 a 126
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre L.R.J.A.P.P.A.C. modificada
por Ley 4/99 de 13 de enero y arts. 6 y 25 a 30 de
Ley 29/98, de 13 de julio L.J.C.A.).
En Villanueva del Río Segura, 1 de agosto de
2003.¿El Alcalde-Presidente, José Luis López Ayala.
¿ T X F ¿